Al menos los 3 sexenios anteriores sufrieron la misma suerte, al final: la ambiciosa agenda del gobierno en turno (empleo, reformas estructurales, y lo que sea que se haya propuesto Fox) cedieron, en la percepción pública, ante lo que era percibido como una transformación y escalamiento de dos fenómenos afines: la delincuencia organizada, y la violencia.
Hoy las mismas tensiones mediáticas y de opinión pública están jalando hacia ese lado, y está costando cada vez más trabajo al gobierno (aunque por ahora lo ha logrado mejor que sus predecesores) mantener bajo los reflectores los programas sociales, las transferencias económicas a grupos vulnerables y los desplantes justicieros que humillan a las élites tradicionales (desde empresarios hasta estudiantes de posgrado), aunque no ayuden a nadie más (para mucha gente, eso basta, ver que otro caiga, aunque ella misma no se eleve). Pero no ha sido fácil. La violencia específica de tipo beligerante (la que ocupa territorios, secuestra funcionarios, y realiza otros actos de sustitución del Estado) va imponiéndose poco a poco en la cotidianeidad informativa nacional, y también en las agendas neurálgicas (como la de los congresistas y candidatos norteamericanos).
Hemos señalado en otros textos, respecto de otros incidentes, la gravedad que tiene el uso de cierto tipo de armamento (como minas o artillería anti - aérea) por parte de la delincuencia organizada. El acceso al mismo y su utilización implica la preparación y disposición para usarlo en situaciones que emulan guerras, no crímenes. La diferencia entre unas y otros son abismales; también las apuestas y las consecuencias asumidas por las partes.
No se omite el hecho de que se necesita más que el poder de fuego para calificar una situación como guerra. Por eso Calderón nunca pudo tener una, aunque haya habido muchas balas y muchos muertos; para las agencias norteamericanas, el conflicto mexicano de 2006 a 2012 es calificado como “OOW: operations other tan war”, ósea que quién sabe qué era, pero guerra no. Sin embargo, definitivamente hay una diferencia de estrategia y de riesgo cuando las refriegas se pelean con armamento militar.
Quizás se piensa que es una exageración equiparar los drones que sobrevolaron casas de Michoacán hace unos días, con todo lo anterior, máxime que lo que soltaron fueron bombas caseras. Pero enfoquémonos más en la sofisticación que esto implica, en lo que quieren proyectar los delincuentes: ataques aéreos a los techos de las casas, en contraposición a las balaceras en la vía pública. Estos ataques son inmunes, entre otras cosas, a los toques de queda, porque agreden a personas que están dentro de sus casas. Pensemos en las posibles consecuencias del pánico que causa una estrategia así.
En lo que respecta a los números, la situación también es grave. A nivel nacional ha habido una disminución general, pero territorios como Guerrero o Guanajuato, tienen un promedio mensual de homicidios que supera, por mucho, el de países enteros en la propia región latinoamericana.
Por otra parte, debemos tener cuidado que no se repita el fracaso de la estrategia creada en tiempos de Felipe Calderón, donde se consideró que pelear la batalla con soldados y bajo un modelo incremental de efectivos y municiones permitiría solucionar de raíz el problema del narcotráfico. Los más de 4000 elementos federales que están asentados en Guerrero y la nula correlación de su presencia con la violencia entre particulares, dice todo lo que hay que saber sobre el caso. Si la solución es la restitución de una policía de proximidad civil, un mando único, la militarización de toda la policía o la supresión de los municipios como unidades políticas autónomas, es cosa que habrá que discutir los siguientes 10 años.
Para cerrar con broche de oro, una funcionaria, ahora de Correos, “presumió”, con esa palabra, que el crimen organizado le concede derecho de
paso a los carteros en las comunidades (en aquellas donde el crimen tiene control del tránsito de personas, se entiende). Las implicaciones: se asume y se acepta que una parte del territorio mexicano tiene una autoridad distinta de la legal, criminal, que sin embargo ha establecido una soberanía indiscutida por quienes ahí viven y transitan; se agradece y se ve como concesión graciosa, el hecho de que a ciertos funcionarios, en este caso los carteros, se les conceda derecho de paso sin molestias, como a los camilleros de la cruz roja en las zonas de conflicto bélico. Hay generaciones de niños y jóvenes que están creciendo con esa situación de Estado paralelo, completamente normalizada. Y eso conlleva, además del derecho de paso, conceptos como tributación y administración de justicia por vía privada y sumaria. Eso es lo que se conoce como un Estado mafioso. Aguas ahí.