Violencia y defensa propia: los casos de Roxana Ruiz y la Ministra Piña en México

En los últimos días, dos sucesos han captado mi atención debido a las consecuencias que pueden tener tanto en el sistema judicial de nuestro país como en la vida democrática en general. El primero de ellos es el caso de Roxana Ruiz, una mujer que había sido condenada a más de seis años de prisión por haberse defendido de un hombre que la violó. El segundo evento es la serie de constantes ataques y actos de apología del delito realizados por supuestos integrantes del partido Morena, quienes exhibieron ataúdes con la foto de la Ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña.

Estas campañas de odio, linchamiento e incitación a la violencia contra la oposición, el Poder Judicial y los órganos autónomos por parte de gobernantes y militantes de Morena, están generando un ambiente de tensión y polarización que amenaza la vida democrática de nuestro país.

Al parecer, los gobernantes afiliados a Morena han olvidado su obligación de garantizar la seguridad y el pleno ejercicio de los derechos humanos. Por el contrario, existen funcionarios arraigados en una cultura machista y misógina que atacan de manera agresiva a aquellos que piensan de manera diferente y no acceden a sus caprichos.

Basta mencionar que este gobierno ha hecho poco o nada para frenar el incremento de los feminicidios en nuestra nación, donde 11 mujeres son asesinadas cada día.

Por ejemplo, en el caso de la Ministra presidenta, su "pecado" fue exigir respeto a la libertad e independencia de los jueces durante un evento con el presidente, una demanda que fue respaldada por la oposición. Las diferencias entre el Poder Ejecutivo y el Judicial se han profundizado, especialmente después de que la Corte declaró inconstitucional la militarización de la Guardia Nacional e invalidó la primera parte del Plan B de la Reforma Electoral, así como el decreto del presidente que declaraba sus obras prioritarias como asuntos de seguridad nacional.

La oposición, los intelectuales, las organizaciones de la sociedad civil y los juristas han mostrado su respaldo a la Ministra presidenta de la Corte, al mismo tiempo que critican a los activistas de Morena que también han quemado figuras representativas de Norma Piña, con la intención de amedrentar a los ministros a quienes consideran sus enemigos.

Si bien es cierto que el Poder Judicial tiene fallas y deficiencias –como quedó demostrado en el caso de Roxana, donde no se aplicó la perspectiva de género durante el juicio–, el expediente fue mutilado y no se tuvo en cuenta el contexto en el que ocurrieron los hechos, la función de la SCJN es preservar el sistema de pesos y contrapesos del Estado mexicano.

La indignación social generada por esta sentencia obligó a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México a reconocer la inocencia de Roxana y a ordenar un desestimiento, es decir, el cese del proceso penal en su contra.

Esta joven, originaria de Oaxaca y residente en Nezahualcóyotl, fue criminalizada por defender su vida. Junto con su abogado, luchó en todas las instancias posibles para demostrar su inocencia, al igual que sucedió en 2013 con el caso de Yakiri Rubio, quien fue encarcelada por matar a uno de sus violadores y finalmente absuelta por los tribunales de la Ciudad de México, tras comprobarse que actuó en legítima defensa.

Esto nos lleva a exigir una revisión profunda de los procesos llevados a cabo por las fiscalías y los juzgados, así como a la urgente necesidad de reforzar la capacitación del personal del poder judicial en materia de perspectiva de género.

La inacción del gobierno frente al crecimiento alarmante de los feminicidios no debe normalizar la justicia por mano propia, especialmente cuando las víctimas no tienen otra alternativa para salvaguardar sus vidas. Como sociedad, estamos obligados a presionar para que se implementen políticas integrales que eviten el fracaso de las campañas de prevención y las alertas de género.

En cuanto a la violencia política de género, no podemos permitir que la polarización política avance y sea alentada desde el Palacio Nacional con discursos de odio y misoginia. No debemos aceptar más enfrentamientos, violencia y linchamientos políticos que despierten los peores instintos de los mexicanos.

Por tanto, es imperativo detener las descalificaciones contra la oposición y el Poder Judicial, en particular contra la Ministra Piña, antes de que sea demasiado tarde. Debemos buscar un diálogo constructivo y respetuoso que fortalezca nuestras instituciones democráticas y asegure un sistema de justicia imparcial y equitativo para todos los ciudadanos.

Exdiputada federal, asesora de la AC Impulsa y colaboradora del STUNAM