Y la aplanadora aplanó

La reforma judicial entrará en vigor, con los tropiezos que sean. El día miércoles se aprobó en la cámara de origen, y se prevé que la próxima semana pase lo mismo en el senado. Parece que el presidente quiere que ya haya entrado en vigor antes de que él termine su administración, el último día de septiembre. Seguramente habrá cualquier cantidad de recursos legales, que al final no llegarán a nada. Esta crisis es un ejemplo muy peculiar, porque podemos decir que es una crisis constitucional, pero no política; quizás la única que recuerdo de esta naturaleza.

Es constitucional porque las estrategias planteadas involucran a jueces concediendo suspensiones para evitar el debate y a legisladores desconociendo la validez de la suspensión judicial otorgada a fin de que no se discuta la iniciativa.

Lo que sucedió hace unos días es que una jueza, con los argumentos jurídicos que consideró suficientes, pretendía evitar que el órgano legislativo, ya no digamos apruebe, sino que siquiera discuta una iniciativa. Hasta los anti - obradoristas deben tener en cuenta que sería lo equivalente a que los legisladores hicieran una reforma donde se le impidiera a los jueces de cierta materia “estudiar un caso”. Así, sin más.

Puede ser que jurídicamente sea argumentable, con maromas varias, que una suspensión para frenar el proceso legislativo sea posible, pero no es sostenible políticamente, y el problema es que la cámara de diputados, actuando como cámara de origen de una reforma constitucional, habiendo quórum, discute las iniciativas como parte del poder revisor de la constitución (junto con el Senado y las legislaturas de los estados). ¿Puede un juez frenar el debate? ¿Es real el perjuicio que discutir una reforma en un parlamento supuestamente le causa a alguien, “por si se aprueba”? ¿Puede un juez impedir que actúe el órgano representativo por excelencia, actuando dentro de sus facultades y de acuerdo con su propio marco constitucional?

Mi posición personal es que eso es una estupidez (y para que quede claro, no estoy hablando de las bondades o maldades de la reforma, ni del voto popular para jueces, ni nada, sino de las estrategias de las partes interesadas). Y más allá de la visión de corto plazo, lo que estamos discutiendo aquí es si funcionarios nombrados pueden impedir la acción (no el resultado, la mera actuación) de funcionarios electos. Esto, en teoría de la democracia, es ridículo, y es por ello por lo que, en Inglaterra, la soberanía popular se asimila a lo que ellos llaman Soberanía Parlamentaria, porque al final, son los representantes de los comunes, el pueblo, quienes pueden expresar la voluntad de modificar el arreglo político fundamental.

Queda un último riesgo para los jueces, que seguramente los dejará más débiles. La Cámara de Diputados sesionó, en sede alterna, para aprobar las reformas. Violando la orden de la jueza y otro juez por ahí. Pero creer que un juez va a inhabilitar a 2/3 partes de los legisladores recién electos por desacatar una resolución judicial, es delirante para cualquiera que haya visto, leído o vivido cualquier cosa fuera de los códigos. No pasará nada, y la opinión pública verá que, si se desobedece un mandato judicial y se tiene la suficiente fuerza política, no pasa nada. Y ese es el precedente que se sentará en este sexenio.

Una reforma judicial no puede garantizar que el poder judicial será más independiente, ni tampoco menos. Lo que es independiente (o no) es la conducta del juzgador en concreto, en un asunto en particular. Y no hay manera de que un nombramiento no tenga compromisos aparejados, a menos que un funcionario se nombre a sí mismo, lo cual es imposible.

Así, los mismos argumentos que se esgrimen para decir que los jueces estarán sometidos, hoy los someten a una multitud de actores, desde sus mentores que los nombran en los juzgados y luego los inscriben recomendados a los procesos de “concurso”, hasta los propios órganos que intervienen en su proceso de ratificación, porque todos están sujetos por lo menos a una ¿Qué hacemos con ese período en el que ellos resuelven asuntos y aún no están ratificados? ¿Cómo garantizamos que no estén sometidos a quienes los ratificarán?

El problema, y en eso radica lo más interesante de esta crisis, es que no hay manera de que los jueces se defiendan sin que apeste a conflicto de interés, todo el asunto. Porque será un juez, magistrado o ministro, cuyo cargo desaparece para sí en las condiciones que hoy tiene, quien resolverá en última instancia sobre los recursos legales que se interpongan contra la reforma. Y lo que es ingenuo es pensar que una reforma de la que depende su modo de vida, que creía seguro y vitalicio, va a ser vista por ellos de manera imparcial.

Se sienta el precedente, eso sí, de que los jueces y su personal son tan políticos como cualquiera, y hacen el mismo activismo que los maestros, los electricistas o los comerciantes ambulantes cuando quieren reivindicar intereses. ¿No es un poco irónico que quien cree en el derecho use la calle y la cadena humana para presionar a un poder? Claro que son políticos, lo que pasa es que son muy malos políticos.