¿El Estado frente a su pasado?

Columnas miércoles 06 de agosto de 2025 -

Durante casi dos décadas, Israel Vallarta Cisneros sobrevivió al encierro y a la mentira institucional. Su excarcelación, después de 20 años sin sentencia, representa más que la resolución de un caso judicial: abre una herida colectiva que obliga a mirar de frente la podredumbre del sistema penal mexicano del pasado reciente.

Las circunstancias de su detención, los indicios de tortura y el uso de pruebas ilegales revelan el funcionamiento de una maquinaria construida para fabricar culpables. En el centro de esa estructura se encontraba la Agencia Federal de Investigación (AFI), presentada durante el sexenio de Vicente Fox Quesada como la solución moderna al crimen organizado.

Creada el 29 de mayo de 2001, la AFI tuvo como primer director a Genaro García Luna, quien hoy cumple una condena de 38 años en los Estados Unidos por sus vínculos con el narcotráfico. La paradoja es ineludible: quienes encabezaban los órganos de seguridad terminaron convertidos en criminales, mientras los inocentes eran condenados sin pruebas.

El caso Vallarta ha servido para evidenciar el fracaso de un modelo judicial que privilegió el montaje televisivo, el uso de la fuerza y la fabricación de expedientes. El espectáculo del supuesto arresto de Florence Cassez y Vallarta fue televisado en cadena nacional, orquestado por funcionarios cuyo poder se sustentaba en el miedo y la impunidad.

Frente a esa historia, el gobierno federal actual ha impulsado una transformación sin precedentes. A partir del próximo mes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contará con nuevos integrantes electos por voto popular. Se trata de un hecho inédito en México y en el mundo: la justicia dejará de ser coto cerrado de élites jurídicas.

Este cambio estructural, impulsado por el liderazgo de Claudia Sheinbaum Pardo, plantea la posibilidad de limpiar el sistema judicial desde su núcleo. Los nuevos ministros, magistrados y jueces, deberán responder directamente ante el pueblo, no ante grupos de poder, partidos políticos o interés privado.

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) ha sido enfática: ninguna prueba obtenida mediante tortura debe ser admitida. Las instituciones tienen la obligación de excluir del proceso penal todo indicio manchado por la violencia institucional.

A contracorriente de gobiernos anteriores que encubrieron a torturadores y simularon investigaciones, la actual administración ha dejado en claro que no permitirá que el Estado se comporte como criminal. El caso de Vallarta es testimonio de una infamia, pero también es el parteaguas de una nueva era en el modelo judicial.

La estructura de impunidad construida en los años de García Luna aún arroja sombras. Pero los cambios en curso permiten vislumbrar un país donde los derechos humanos no se negocian. La tortura, como lo ha recordado la ONU-DH, degrada no solo a la víctima, sino al aparato del Estado que la permite.

En este sentido, es claro que la justicia debe operar bajo criterios de legalidad, respeto a la dignidad humana y evidencia científica. Ya no debemos tolerar más sentencias construidas sobre testimonios arrancados con violencia, ni expedientes judiciales redactados al gusto del Ministerio Público.

El nuevo Poder Judicial deberá ejercer su función con rigor, empatía y responsabilidad histórica. Cada nuevo nombramiento debe entenderse como un compromiso con las víctimas, no como un botín político. La transparencia y la rendición de cuentas deberán ser principios rectores del nuevo tribunal mexicano.

Este país ha vivido demasiado tiempo bajo el yugo de la simulación judicial. El reto, hoy, consiste en erradicar prácticas corruptas, sancionar a los torturadores y proteger a quienes han sufrido el abuso del poder.

La historia reciente nos ha mostrado que la justicia es frágil cuando se deja en manos de unos cuantos. Con la participación ciudadana en su estructura, el Poder Judicial puede recobrar su sentido: ser un instrumento al servicio del pueblo. De esta forma, el Estado mexicano aprende de su pasado.

*Periodista | @JoseVictor_Rdz

Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

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