Alarmante la normalización de la violencia en albergues

Columnas miércoles 16 de febrero de 2022 -

Ex diputada federal; asesora de la AC Impulsa e investigadora del STUNAM

A trece años del episodio de Casitas del Sur —que dejó al descubierto una red de tráfico de personas y la desaparición de 27 menores—, el gobierno de la Ciudad de México ha vuelto a ser blanco de serios señalamientos por los castigos físicos, psicológicos y el trato inhumano contra las niñas y niños que son atendidos en los albergues que pertenecen al Instituto de Atenciones a Poblaciones Prioritarias (IAPP).

El caso del Albergue de San Bernabé, denunciado en noviembre del año pasado ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y que dio a conocer el periódico La Crónica de hoy, ha provocado serios cuestionamientos por parte del poder legislativo y Organizaciones no Gubernamentales, que insisten en que nuestro país no ha cumplido con su compromiso de proteger los derechos de los infantes y por el contrario, ha permitido la revictimización de los menores, quienes debido a situaciones de violencia y abandono, han sido separados de su familia y condenados a vivir en este tipo de Centros de Asistencia Social.

En ese reporte periodístico suscrito por la periodista Liliana Gómez, se detallan las agresiones a los menores y a las personas en situación de calle, así como el abandono en el que se encuentran las instalaciones de los albergues, lo que ha ocasionado que muchos de ellos prefieran dormir en la calle, que en esos lugares de supuesto apoyo social.

Las críticas contra el Gobierno capitalino obligaron a Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México a ordenar al DIF y a la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, una investigación a fondo sobre estos hechos tan lamentables. De inmediato la fiscal Ernestina Godoy prácticamente se lavó las manos, al reconocer que —aunque la primera opción para los infantes debe ser la familia—, no hay presupuesto público que alcance para contratar personal adecuado, multidisciplinario, formado y certificado.

Es indudable que los abusos contra la infancia son inadmisibles y por ello tenemos que alzar la voz para exigir a las autoridades que detengan la normalización de la violencia, se implementen acciones para castigar y erradicar el maltrato físico y se establezcan protocolos en la contratación del personal que estará a cargo de su cuidado.

En el Senado de la República algunos de sus integrantes preparan un punto de acuerdo para exhortar a las autoridades federales y de las 32 entidades federativas, a corregir la operación de albergues públicos y privados, a fin de proteger y garantizar los derechos humanos de los menores.

Los legisladores reconocen que el maltrato, la reducción sistemática de recursos y la desaparición de programas sociales destinados a proteger a este grupo vulnerable de la población, revelan la falta de interés para garantizar los derechos humanos de la infancia y adolescencia.

La situación de la niñez en México ya era grave antes de la pandemia por Covid 19, y a dos años de que el coronavirus llegó a nuestro país, se ha agudizado. De acuerdo a un estudio de la revista médica británica The Lancet por cada 100 muertes por Covid hay 90 niñas y niños con pérdidas de cuidadores, lo que permite afirmar que el número de huérfanos por esta causa llegó ya a 517 mil 844.

Mientras que la Red por los derechos de la Infancia en México (REDIM) revela que existen más de 30 mil menores sin cuidados familiares ni institucionales, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) estima que aproximadamente 30 mil viven en orfanatos y alrededor de 5 millones podrían perder el cuidado de sus familias a causa de múltiples factores, entre ellos la pobreza, las adicciones, la violencia intrafamiliar y los procesos judiciales.

Y ante la tragedia que vive más de medio millón de pequeños que han quedado en la orfandad a consecuencia de la pandemia, de ninguna manera podemos permanecer impasibles. Las autoridades todavía no han puesto en operación un programa o acción gubernamental para dar atención puntual a ese sector de la población. La ampliación de los beneficiarios de la Beca Benito Juárez para atender a los huérfanos que ha dejado el Covid, es insuficiente.

Nosotros, como representantes de la sociedad civil, tenemos que exigir mayores acciones del gobierno para impulsar la cultura de la adopción, construir estrategias para prevenir la separación familiar y fortalecer medidas de protección y de acompañamiento profesional, para garantizar que los menores gocen del ejercicio pleno de sus derechos fundamentales.

El sólo despido de los involucrados en las tropelías y abusos cometidos en el Albergue de San Bernabé, no es una medida suficiente. Quienes perpetran este delito no pueden seguir gozando de impunidad, porque volverán a caer en la tentación de violentar a los menores. Hay que exigir que se legisle para imponer castigos ejemplares y se revise con minuciosidad el perfil psicológico del personal que labora en los albergues.

Casos como el cometido en este albergue no se pueden tolerar, porque además se trata de personas que ya han sufrido violencia y maltrato.

La vida les ha negado su derecho a convivir en familia y es injusto que precisamente las instituciones de gobierno creadas para aminorar su infortunio, incrementen su desdicha. No podemos permanecer callados o impávidos ante este tipo de acciones.