El Contrato Roto: Autoritarismo y Carga Fiscal en Tiempos de la Cuarta Transformación

Columnas lunes 20 de octubre de 2025 -

En el panorama político mexicano, pocas cosas parecían tan claras como el mandato de 2018. Millones de ciudadanos depositaron su confianza en un proyecto que prometía, por encima de todo, una ruptura con el pasado; un proyecto que se autodefinió como la "Cuarta Transformación de México". Este movimiento, encarnado en el partido MORENA, se erigió sobre la promesa de poner fin a la opresión, la injusticia y los privilegios, aspirando a una sociedad de "bienestar, dignidad, libertad, equidad y fraternidad". Sin embargo, la ciudadanía observa atónita cómo acciones legislativas recientes no solo contravienen el espíritu de ese mandato, sino que violan directamente la letra de los estatutos fundacionales del partido en el poder. La reciente y polémica reforma a la Ley de Amparo, sumada al preocupante paquete económico 2026 y sus nuevas cargas contributivas, representan un cambio alarmante que desmantela la protección ciudadana mientras impone nuevos gastos a la población.

El primer agravio de esta regresión es la reforma a la Ley de Amparo. Este instrumento no es un mero tecnicismo legal; es el principal escudo de la ciudadanía contra los actos arbitrarios de la autoridad. Limitar su alcance, en especial la capacidad de suspender provisionalmente leyes o proyectos que puedan causar un daño irreparable a la colectividad, es despojar al pueblo de su defensa más eficaz. Es decirle al ciudadano que el poder del Estado, independientemente de su justificación o legalidad, tiene prioridad sobre sus derechos fundamentales. Esta acción es sin duda un impulso autoritario que busca gobernar sin contrapesos, eliminando el poder judicial efectivo y dejando a la población en la indefensión. La reforma no fortalece la justicia; la debilita.

Lo más grave de esta maniobra es que constituye una traición directa a la génesis ideológica de MORENA. El partido en el poder no es, en teoría, un partido cualquiera. Sus estatutos, el documento que le da vida y propósito, establecen como fundamento indeleble "persistir, por las vías legales, pacíficas y democráticas, en la construcción de un país que garantice a todas y todos sus habitantes el pleno uso de los derechos de expresión, asociación, manifestación y rechazo a las arbitrariedades del poder, garantizados por la Constitución". Es incomprensible cómo un partido fundado estatutariamente para garantizar el "rechazo a las arbitrariedades del poder" puede ser el mismo que hoy dinamita el mecanismo constitucional diseñado precisamente para ese fin. El Amparo es la materialización de ese derecho al rechazo. Limitarlo no es un acto de transformación; es un acto de restauración de las prácticas autoritarias que el partido juró combatir.

Este desmantelamiento de las defensas ciudadanas ignora principios éticos que el propio partido se impuso. El Estatuto de MORENA es explícito al definir que uno de sus objetivos es combatir "toda forma de opresión, injusticia, desigualdad... [y] autoritarismo". ¿Y qué es una reforma que quita a los ciudadanos su capacidad de defensa legal sino una herramienta de autoritarismo? ¿Qué es sino una "injusticia" que deja al individuo vulnerable frente a la maquinaria estatal? El documento fundacional del partido advierte que "el poder sólo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás". La reforma de amparo es un evidente desacato a esa máxima. Ya no es el poder al servicio del pueblo; es el pueblo sometido a un poder que se ha aislado de la rendición de cuentas. Se prioriza la ejecución de proyectos por encima de los derechos humanos, la conveniencia política por encima de la justicia social.

Si la reforma de amparo golpea los derechos cívicos, el paquete económico 2026 golpea directamente el bolsillo y la "integridad... patrimonial de todas las personas” que el partido también se comprometió a garantizar. La introducción de nuevas cargas contributivas, que la población ya resiente como un "nuevo gasto", agrava la presión económica sobre las familias mexicanas. En un contexto de recuperación frágil, imponer mayores cargas fiscales al consumo o al ingreso de la clase trabajadora es una política que contradice la aspiración de construir una sociedad con "bienestar" y "equidad". Este paquete económico parece olvidar que el objetivo era erradicar "privilegios", no crear nuevas cargas para quienes menos tienen. Se está optando por la vía fácil de la recaudación generalizada en lugar de una reforma fiscal progresiva que grave las grandes fortunas, una medida que sí sería coherente con un ideario de izquierda.

Nuevamente, la contradicción con los estatutos de MORENA es flagrante. El partido se define como "antineoliberal". Sin embargo, una política que extrae recursos de la base de la pirámide para financiar el gasto gubernamental, sin una revisión profunda de los privilegios fiscales corporativos, es una receta que cualquier tecnócrata neoliberal aplaudiría. El Estatuto de MORENA es tan serio respecto al manejo de los recursos que exige a sus propias finanzas internas "establecer los criterios de austeridad y eficacia en el gasto". La pregunta que surge es inevitable: ¿Por qué el gobierno emanado de este partido no aplica esa misma austeridad y eficacia al gasto público, prefiriendo en su lugar imponer un "nuevo gasto" a la ciudadanía? Esta doble moral es insostenible. Se exige austeridad interna al partido, pero se financia la expansión del gasto gubernamental con el dinero del pueblo.

La justificación de estas medidas suele apelar a la necesidad de financiar programas sociales o proyectos de infraestructura. Pero esta lógica ignora un principio fundamental de la justicia económica. El Estatuto de MORENA obliga a sus miembros a "contribuir de manera decidida a la defensa y reconocimiento del patrimonio... de la ciudadanía". Las nuevas cargas contributivas no defienden el patrimonio ciudadano; lo merman. No es ético, bajo la propia lógica del partido, financiar al Estado a costa del bienestar familiar, especialmente cuando las vías para combatir la evasión fiscal a gran escala y los privilegios corporativos siguen sin explorarse a fondo. Esta política fiscal no es "humanismo mexicano"; es pragmatismo recaudatorio que castiga a la base social que el partido dice representar.

Lo que estamos presenciando es una peligrosa amnesia política. La cúpula en el poder parece haber olvidado los documentos que firmó y las promesas que hizo. Han olvidado que los "Protagonistas del cambio verdadero" no debían ser movidos por "la ambición al dinero, ni el poder para beneficio propio". Al limitar el Amparo, se blindan en el poder; al subir los impuestos, aseguran el dinero. Ambas acciones, tomadas en conjunto, dibujan un panorama desolador: un gobierno que se aísla de la crítica legal y, al mismo tiempo, incrementa su extracción de recursos de la sociedad. Esta combinación es tóxica para la democracia. Se silencia la voz del ciudadano y, simultáneamente, se le exige pagar más.

El Estatuto de MORENA no es solo un requisito burocrático ante la autoridad electoral. Es, o debería ser, el contrato social entre el partido y sus millones de votantes. Es la brújula moral que define su identidad "de izquierda y antineoliberal". Hoy, esa brújula está rota. La reforma a la Ley de Amparo es una abdicación del compromiso con la justicia y una concesión al "autoritarismo". El paquete económico 2026 es una renuncia a la "equidad" y una traición al "patrimonio” ciudadano. El partido que prometió "la total separación entre el poder económico particular y los cargos públicos” ahora parece más interesado en consolidar el poder público absoluto, inmune al escrutinio legal y financiado por una base popular cada vez más presionada. Los estatutos han sido relegados a letra muerta, y la ciudadanía se queda con la amarga sensación de que el cambio verdadero sigue siendo una asignatura pendiente. ¿Votarás nuevamente por ellos en 2027?