El embate contra los organismos autónomos

Arremete nuevamente el presidente de la República contra los organismos autónomos. Desde el inició de su administración, el Ejecutivo federal ha querido desaparecer instituciones independientes que cuestionan el quehacer gubernamental o evidencian la falta de congruencia en las políticas públicas; esas dependencias amenazadas representan, además, apetitosas partidas de millones de pesos que requiere el gobierno para gastar en sus 10 programas clientelares o financiar proyectos faraónicos.

Porque el INE cuestiona las prácticas propagandísticas presidenciales y el uso sectario de los programas sociales que buscan mantener la mayoría en el Congreso para la aprobación de presupuestos y leyes que permitan gobernar casi por decreto, se busca quitarle recursos e independencia al órgano electoral, convirtiéndolo en un ente a modo que no cuestione el uso faccioso de los actos de gobierno y sea sumiso como el Tribunal Federal Electoral; sin dinero, se pone en riesgo la organización de votaciones transparentes y a la democracia misma. No sólo es anular al INE, es quedarse con su presupuesto. Tal vez se ve con nostalgia a la Comisión Federal Electoral, cuando el gobierno, a través de la Secretaría de Gobernación, organizaba y controlaba los comicios.

Después se fue contra el financiamiento público a los partidos políticos, los cuales seguramente verán afectados sus presupuestos para estas votaciones. En el fondo, no se busca hacer más barata la democracia o a nuestro sistema de partidos, se quiere retener esos dineros para gastarlos de manera discrecional en los programas sociales.

La administración pública no tuvo empacho en zamparse 3,466 millones de pesos del desaparecido Fonden —Fondo para Desastres Naturales—, a pesar de la tragedia en Tabasco, donde se inundaron paupérrimas comunidades para salvar la construcción de Dos Bocas.

Con los “ahorros” por la desaparición de fideicomisos y fondos, además de la recaudación fiscal extraordinaria, se mantienen los 10 programas clientelares del gobierno que manejan 20 mil “siervos de la nación”, quienes, con un sueldo de 11 mil pesos mensuales, derraman 240 mil millones de pesos, no en zonas de alta marginación o pobreza, sino donde gobierna la oposición o se tiene que reforzar la presencia gubernamental.

Ahora va contra la transparencia, las regulaciones y la sana competencia económica. Le incomoda una instancia independiente que pueda exhibir a los malos funcionarios actuales y las graves fallas en las dependencias gubernamentales. También va, obvio, por el presupuesto del Inai.

En su nueva arremetida contra los organismos autónomos, está la Cofece, la cual ha supervisado concentraciones económicas de mercado por más de 13 billones de pesos y ha aplicado multas por 6 mil millones de pesos.

En cuanto al IFT, la reguladora en telecomunicaciones y radiodifusión, sus funciones técnicas, normativas y sancionadoras han permitido, en los últimos siete años, ingresos a la hacienda pública por 540 mil millones de pesos; por cada peso de su presupuesto, el IFT regresa casi 50 pesos a la Federación y ha disminuido a los actores dominantes en internet en 23 por ciento y 6 por ciento en telefonía móvil. Se triplicó el uso de internet y se incrementó en 600 por ciento la fibra óptica, todo ello en beneficio de la población abierta.

Acabar con los organismos autónomos es atentar contra la división de poderes, el orden constitucional, elimina los contrapesos reales del Ejecutivo y concentra caprichosamente la toma de decisiones en un solo hombre, subordina áreas estratégicas y especializadas a dependencias que serían juez y parte.

La obsesión por retener el poder e imponer un modelo económico arcaico hará que retroceda 50 años el país en su desarrollo. No permitamos que instituciones independientes y autónomas pasen a manos de burócratas inexpertos, pero leales y sumisos, ni que los dineros públicos sirvan para la compra de voluntades.