Retomo el alegato de la semana pasada sobre las elecciones con IA. Un ejemplo positivo es el uso de chatbots para la educación cívica. En México, el INE lanzó "Inés" primero para ubicar nuestras casillas y luego para combatir, al mismo tiempo, la desinformación en tiempo real. Además, la IA está mejorando la exactitud en el conteo de votos mediante sistemas de reconocimiento óptico de actas de cómputo que minimizan el error humano, como sucedió en Querétaro, con autorización del INE, en 2024.
¿Cómo protegemos la democracia sin frenar la innovación? Con una regulación robusta y ética. La Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea clasifica los sistemas destinados a influir en los votantes como de "alto riesgo", exigiendo transparencia y supervisión humana estricta.
Brasil ha sido pionero al prohibir el uso de deepfakes para emular candidaturas y establecer sanciones severas, y a la vez en exigir marcas de agua en cualquier contenido generado por IA y domicilio físico y jurídico en el país. En México, iniciativas legislativas recientes como la de Ricardo Monreal, buscan incluso elevar a rango constitucional los principios de justicia algorítmica y protección de datos frente a estas tecnologías emergentes.
La rechazada iniciativa presidencial del pasado 4 de marzo, proponía que todo contenido relacionado con los procesos electorales que fuera modificado o alterado mediante el uso de IA o cualquier otra tecnología, debería estar etiquetado por su emisor para su debida identificación, y que las personas concesionarias de radio o televisión, así como las plataformas de servicios digitales, serían responsables de identificar, evitar la difusión y advertir sobre contenido no etiquetado.
Sin embargo, las leyes por sí solas no bastan. La "plataformización" de la democracia ha dejado gran parte de la conversación pública en manos de gigantes tecnológicos que priorizan el "engagement" sobre la verdad.
Es imperativo, entonces, exigir que estas plataformas divulguen el funcionamiento de sus algoritmos de recomendación, cuenten con representación jurídica material en los países en los que se despliegan y asuman su responsabilidad social.
La IA no es neutral; codifica los valores de quienes la crean y despliegan. Aunque gobernar se convierta progresivamente en un acto algorítmico, la decisión política última y la definición de los objetivos de la sociedad deben permanecer en manos de las personas. La tecnología puede ser un factor de democratización si se usa para informar mejor y hacer procesos más transparentes, pero será un arma de destrucción si permitimos que reemplace la deliberación reflexiva por la manipulación automatizada.
Al final, la democracia no es una provisión de servicios para una "clientela" satisfecha, sino un debate explícito y comunitario sobre nuestras aspiraciones colectivas de prosperidad, igualdad y dignidad. El reto es aprender a caminar con el algoritmo, sin entregarle nuestras campañas y elecciones, y mucho menos nuestras libertades cívicas y políticas.
X: @ElConsultor1