En México los legisladores tenemos una deuda histórica con las niñas y adolescentes

Columnas jueves 16 de diciembre de 2021 -

La Organización Mundial de la Salud derivado de un estudio multipaís ha determinado que cuanto menor sea la edad de las mujeres en la ocasión de la primera relación sexual, mayor será la probabilidad de que esa relación haya sido forzada y que el 27% de las personas a nivel mundial de entre 15 a 49 años que han tenido una relación informal, sufrieron algún tipo de violencia física y/o sexual. Por su parte las Naciones Unidas estimaron que la violación y el abuso sexual afecta aproximadamente a mil millones de mujeres y niñas a lo largo de su vida.

De los 38 países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que tiene como finalidad establecer políticas que favorezcan al crecimiento, la igualdad, las oportunidades y el bienestar de las personas, México ocupa el primer lugar en embarazos de menores de edad. Se estima que la tasa de violación de niñas y niños en 2020, fue de 1,764 por cada cien mil y 5 mil por cada 100 mil habitantes en tocamientos no deseados.

En 2019 el INEGI registró que, una de cada cuatro niñas y uno de cada seis niños son víctimas de violencia sexual antes de cumplir la mayoría de edad, agravándose durante el confinamiento derivado por la pandemia de la COVID-19.

Ipas México realizó un análisis en el que identificó que: “la violencia de género y específicamente la violencia sexual, son dos de los grandes factores/responsables/detonantes de los altos números de embarazos en niñas de entre 10 y 14 años en nuestro país

La violencia sexual además de expresar las grandes desigualdades es también un grave problema que afecta al desarrollo humano y debe atenderse como un problema de salud pública, con un enfoque de derechos humanos para lograr la tan anhelada equidad.

Los embarazos en mujeres menores de edad regularmente no son el resultado de una decisión en pleno goce de sus libertades por el contrario las estadísticas muestran que son el resultado de la ausencia de opciones y la violencia hacia las mujeres.

Los esfuerzos del gobierno en la implementación de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes no han sido suficientes. En este orden de ideas con el objeto de atender y prevenir la violencia sexual presenté una iniciativa para reformar la Ley General de Salud para que exista un protocolo de actuación cuando el personal de salud atienda a una menor de edad embrazada.

Los legisladores estamos obligados a reconocer que nos enfrentamos a una crisis de igualdad de género, la violencia contra las mujeres se sigue replicando en múltiples formas y hoy debemos trabajar de manera conjunta en una agenda que atienda los grandes problemas que por años se fueron acrecentando, violentar a una mujer es violentar a la sociedad entera, porque mientras la violencia perdure el desarrollo y la paz social seguirán siendo una utopía.

#porlosqueamamos María Rosete