Gasolina y Permisibilidad

Sobremanera significativo, fue el acontecimiento provocado por un grupo de manifestantes provenientes de un pueblo originario de México, cuando tras golpear a una persona en situación de calle, en el Paseo de la Reforma, una de las mujeres se abalanzó sobre la manguera de una de las máquinas dispensadoras de gasolina de la gasolinera cercana, para evitar que la policía aprehendiera a los agresores.

Miembros de la comunidad triqui, recientemente, han realizado múltiples, constantes y agresivas manifestaciones por lo que consideran es su “derecho” a ofertar productos en la vía pública, aludiendo a su condición de artesanos. Los hemos visto desde cerrar constantemente la avenida 20 de Noviembre o instalarse en las diversas aceras y plazas públicas del Centro Histórico de la Ciudad de México. Recordamos que algo para para ser “derecho” debe de estipularse en el conjunto de normas o leyes vigentes en una entidad, y el comercio ambulante no se encuentra tipificado como tal. La exigencia es más bien la búsqueda de un privilegio, que la aplicación de un derecho, pero lo que pretendo resaltar no es tanto el ambulantaje de este grupo, como la facultad narrativa bajo la que un grupo, cual sea, puede parapetarse para más bien violar la ley.

La deuda histórica que el estado mexicano tiene con los pueblos originarios es un hecho tan desafortunado, que efectivamente debe ser una vergüenza nacional que los grupos indígenas no reciban los beneficios del desarrollo, y el prejuicio continue en una sociedad que antes que fragmentar, debe de integrar a los ciudadanos a través de sus instituciones, sin los perniciosos personalismos caciquiles con que normalmente se tratan las relaciones de poder con nuestros pueblos originarios. Sin negar nada de lo afirmado y, al contrario, levantando la voz a favor de la atención a esta población, tampoco podemos inclinarnos a defender ofensas a la sociedad y sus leyes parapetándose en su condición indígena.

El haber rociado con gasolina a la multitud, fundamentalmente policías que cumplían su deber, es un delito y un acto aberrante que no puede quedar impune, y es lo mismo que a este grupo se le puede preguntar para que respondan de qué especie de privilegios gozan para ocupar nuestras aceras y plazas públicas que a cada ciudadano nos cuesta mantener ¿pagan servicios? ¿pagan impuestos? Y cómo por qué amenazan a la autoridad cada vez que cometen un atropello, con filmarlos con sus teléfonos y tergiversar la narrativa de la aplicación de la ley con la de un abuso sobre ellos, apelando a lo más recóndito y sucio de nuestras culpas como sociedad. No podemos reivindicar un acto de justicia desde el prejuicio inverso del privilegio, trastornando las leyes que todos debemos respetar y la sociabilidad que nos permita cohabitar.