Incongruencia sindical en UACh y Plaza Campo Marte

Columnas viernes 19 de junio de 2026 -

El pasado 15 de junio, el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma Chapingo (STAUACh) realizó una protesta frente a instalaciones de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), en la que denunció presuntos casos de acoso laboral y violencia de género.

La movilización fue encabezada por Rodrigo Megchún Rivera, actual secretario general del sindicato.

Sin embargo, la participación de Megchún Rivera en este tipo de causas reaviva cuestionamientos que persisten desde 2021, cuando se difundió el testimonio de una estudiante que lo señaló públicamente por presuntos actos de violencia durante una relación personal.

De acuerdo con lo publicado en aquel momento, la joven presentó una denuncia ante las autoridades competentes y relató haber sufrido agresiones físicas y psicológicas. Hasta donde es de conocimiento público, corresponde exclusivamente a dichas autoridades determinar el alcance jurídico de esos señalamientos y cualquier eventual responsabilidad.

Más allá del ámbito legal —que debió resolverse conforme al debido proceso y que permanece bajo un velo de opacidad—, el caso abre una discusión inevitable sobre la congruencia que se espera de quien encabeza una organización sindical, particularmente cuando se trata de causas vinculadas con la defensa de los derechos y la dignidad de las mujeres.

Y Sepa La Bola pero

el Campo Marte terminó convertido en una plaza comercial disfrazada de fiesta mundialista. Un espacio federal, administrado por la Secretaría de la Defensa Nacional y cargado de valor cívico, fue entregado para un evento privado de cobro, con boletaje, conciertos, zonas VIP, venta de comida, bebidas alcohólicas y denuncias por consumo de drogas en baños. Lo más delicado es que el convenio no establece una contraprestación económica clara para la Nación, aunque el inmueble se explota como si fuera propiedad de particulares.

La autorización no surgió de la nada. De acuerdo con los documentos, el uso del recinto fue avalado por el general de brigada diplomado de Estado Mayor José Manuel Ramírez Martínez, director general de Ingenieros y responsable inmobiliario de la Defensa, y por el coronel intendente Raymundo Barrera García, jefe del Centro de Promoción Social de la Defensa. Del lado privado aparece Víctor Francisco Vázquez Andrade, administrador único de The Mates Contents, empresa beneficiada con el convenio, mientras Eco en Vivo y Ocesa participan en la operación y promoción del evento durante el Mundial de Futbol.

El fondo del caso no es solo la venta de alcohol dentro de una instalación militar, sino la forma en que un bien nacional se pone al servicio de un negocio privado sin una ganancia pública claramente definida. La empresa cobra accesos, comercializa experiencias y vende exclusividad; el Ejército resguarda; los asistentes pagan; y la Nación queda en segundo plano. Campo Marte ya no aparece como símbolo de orden y civismo, sino como ejemplo de cómo el patrimonio público puede terminar subordinado al espectáculo, al alcohol y a los intereses privados.

Y, sepa la bola, mientras la oposición responsabiliza a López Obrador por las constantes tensiones con Estados Unidos en materia de seguridad, la presidenta Claudia Sheinbaum parece haber optado por minimizar las declaraciones de Donald Trump.

“Un día dice una cosa, otro dice otra cosa”, señaló en su conferencia mañanera.

Desde la oposición, voces como la de Rubén Moreira Valdez insisten en atribuir al sexenio anterior un enfoque permisivo frente al crimen organizado. La frase “abrazos, no balazos”, sostienen, no solo fue una promesa de campaña, sino un mensaje político que —a su juicio— debilitó la acción del Estado.

Argumentan que dicha narrativa envió señales de tolerancia, tanto a nivel interno como internacional, y que hoy la actual administración enfrenta las consecuencias: un entorno de inseguridad persistente y una relación cada vez más tensa con el gobierno estadounidense.

El propio Moreira lo sintetiza en tres puntos: una estrategia que favoreció indirectamente al crimen, una directriz de inacción para autoridades afines y un mensaje de permisividad hacia el exterior.

En ese contexto, el reto para el gobierno federal es claro: aplicar la ley con consistencia, enfrentar la inseguridad sin maquillajes estadísticos y coordinar de manera efectiva a las entidades federativas, particularmente aquellas gobernadas por Morena.

A ello se suma el reconocimiento reciente del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, quien admitió que el Cártel Jalisco Nueva Generación mantiene su estructura operativa por regiones, pese a los golpes recibidos.

Lo mismo ocurre con el Cártel de Sinaloa, que continúa siendo una organización sólida incluso tras la entrega de Ismael “El Mayo” Zambada a autoridades estadounidenses.

Así, más allá de las detenciones y órdenes de aprehensión que se anuncian, la realidad es que la renovación de liderazgos criminales parece inagotable, lo que mantiene intacto el desafío de fondo en materia de seguridad.