La semana pasada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por mayoría de votos, echó para atrás la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, aprobada en septiembre pasado, mediante la cual el Congreso de la Unión transfería el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la invalidez de un paquete de artículos de la Ley de la Guardia Nacional que establecen la adscripción de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional. La Corte resolvió que "trasladar el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional resulta inconstitucional, ya que se opone al Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala como una garantía el carácter civil de la Guardia Nacional. Dicho artículo señala expresamente que ésta deberá quedar incorporada a la dependencia del ramo de la seguridad pública, quien formulará no solamente la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, sino que sus programas, políticas y acciones".
¿Hasta dónde abarca este concepto de adscripción señalado por el artículo 21 constitucional para efecto de la naturaleza civil de la Guardia Nacional? Nuestro Constituyente Permanente señaló de manera expresa que es una institución que debe ser civil, disciplinada y profesional, y debe estar adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública. De ahí deriva la violación al precepto mencionado. La resolución emitida la semana pasada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció como plazo para su cumplimiento el 1 de enero del 2024. Plazo en que el Gobierno deberá regresar a la Guardia Nacional a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con lo que además tendría de nueva cuenta un mando civil.
La Guardia Nacional fue creada bajo la promesa del gobierno de que contaría con un mando civil. Pero con el paso del tiempo, la bancada de Morena en la Cámara de Diputados y en el Senado buscaron que la Guardia Nacional pasara a la Sedena, incumpliendo su palabra al establecer un mando militar, a petición del Gobierno. La Guardia Nacional es una corporación de seguridad que sustituye a la desaparecida Policía Federal, absorbiendo a buena parte de los agentes de la Policía Federal, recibiendo igualmente a policías militares y navales.
Es fundamental diferenciar las tareas de seguridad nacional y de las de seguridad pública o seguridad ciudadana, ya que las funciones de seguridad pública son de competencia exclusiva de las autoridades civiles, mientras que a las Fuerzas Armadas son las encargadas de las tareas de seguridad nacional frente a amenazas tanto internas como externas, como acertadamente lo señaló la Ministra Piña.
La iniciativa afortunadamente ha sido declarada inconstitucional, ya que es muy peligrosa para los ciudadanos, ya que lleva a la acumulación de poder por parte de las Fuerzas Armadas, en detrimento de los ciudadanos, a los que deja en franca desventaja con relación a este súper poder militar. Si esta iniciativa se llegase a aprobar, los mexicanos estaríamos expuestos a posibles violaciones de derechos humanos al incorporar a los militares a tareas de seguridad pública. Desgraciadamente, este gobierno insiste en la militarización del país y ha amenazado con volver a presentar esta iniciativa en 2024, lo que deberá evitarse a toda costa.