La mansión de Viggiano y las preguntas que siguen sin respuesta

Columnas martes 06 de octubre de 2026 -

Hay propiedades que dejan de ser un asunto privado cuando quien aparece relacionado con ellas es una figura política de primer nivel. La residencia de Sierra Nevada 319, en Lomas de Chapultepec, vuelve a colocar a Carolina Viggiano Austria bajo el reflector y, sobre todo, abre preguntas que difícilmente pueden resolverse con explicaciones políticas.

El punto central no es únicamente el valor comercial de la mansión, superior a 40 millones de pesos. Lo relevante es el entramado empresarial que, de acuerdo con registros públicos y la investigación periodística difundida por El Universal, aparece alrededor de la operación inmobiliaria.

Una de las sociedades involucradas es Borsa Inmuebles y Bienes Raíces, empresa que adquirió originalmente el inmueble en 2014 por un millón 290 mil dólares. Posteriormente aparecen avisos preventivos de compraventa relacionados con Viggiano y, años después, con Corporativo Awiki.

Aquí es donde el caso adquiere una dimensión política particularmente incómoda. Corporativo Awiki fue proveedora del gobierno de Coahuila durante el periodo en que Rubén Moreira, esposo de Viggiano, encabezó esa administración. Además, los registros señalan que la empresa retomó actividades en 2023, después de permanecer durante años en suspensión voluntaria.

Nada de esto constituye, por sí mismo, una prueba de ilegalidad. Pero precisamente por tratarse de una senadora y dirigente nacional del PRI, la sociedad tiene derecho a exigir explicaciones claras sobre quién compró, quién pagó, quién vendió y bajo qué estructura se concretó la operación.

También resulta relevante la información sobre Borsa Inmuebles y Bienes Raíces. Si una autoridad fiscal ha señalado a una empresa dentro de un esquema de posibles operaciones simuladas, corresponde aclarar si esa condición tuvo alguna relación con la adquisición del inmueble o si se trata de circunstancias completamente independientes.

Hay otro elemento que tampoco debería pasar inadvertido: la residencia no habría aparecido en la declaración patrimonial presentada por Viggiano al inicio de la LXV Legislatura. Si posteriormente existen documentos registrales que vinculan la propiedad con operaciones en las que aparece su nombre, la explicación sobre esa omisión resulta indispensable.

La política mexicana está cansada de discursos sobre transparencia que terminan chocando contra patrimonios difíciles de explicar. Y en este caso no basta con invocar la legalidad. La legalidad debe poder demostrarse documentalmente.

Viggiano tiene derecho a responder y explicar el origen de los recursos, la naturaleza de las operaciones y su relación con las empresas involucradas. Pero también los ciudadanos tienen derecho a preguntar.

Porque una mansión de más de 40 millones de pesos, empresas señaladas por el SAT y vínculos con contratistas relacionados con el entorno familiar de una dirigente partidista conforman, cuando menos, un cuadro que merece transparencia absoluta.

La verdadera prueba para cualquier político no es solamente demostrar que una operación puede ser legal, sino acreditar que también puede ser explicada sin zonas oscuras.

¿Y tú, cómo utilizarías los recursos si fueras político? Me interesa tu opinión escríbeme en redes sociales, aparezco como @federicoreyesmx