La última etapa del proceso electoral

De acuerdo con la Ley de la materia, el proceso electoral ordinario se inicia en septiembre del año previo al de la elección y concluye con el dictamen y declaración de validez de la elección de la presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, una vez que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) haya resuelto el último de los medios de impugnación que se hubieren interpuesto (en todas las elecciones federales) o, cuando se tenga constancia de que no se presentó ninguno.

La última etapa del proceso electoral federal se denomina: “de dictamen y declaraciones de validez de la elección y de Presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos”, y se inicia al resolverse el último de los medios de impugnación que se hubiesen interpuesto en contra de esta elección o cuando se tenga constancia de que no se presentó ninguno y concluirá al aprobar la Sala Superior del TEPJF, el dictamen que contenga el cómputo final y las declaraciones de validez de la elección y de presidenta o presidente electo.

De conformidad con la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Sala Superior del TEPJF es competente para resolver, en una sola instancia y en forma definitiva e inatacable, las impugnaciones sobre la elección presidencial; en ese sentido, una vez resueltas las que se hubieren interpuesto, la Sala Superior del TEPJF, a más tardar el 6 de septiembre debe realizar el cómputo final, procediendo a formular la declaración de validez de la elección y la de presidenta o presidente electo, respecto de la persona candidata que hubiese obtenido el mayor número de votos.

Dicha declaración de validez se notificará a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados durante el mes de septiembre, a efecto de que expida y publique de inmediato el Bando Solemne para dar a conocer en toda la República, la declaración de presidenta o presidente electo.

La ley también prevé que para hacer la declaración de validez y de presidenta o presidente electo o, para declarar la nulidad de esta elección, la Sala Superior del TEPJF debe sesionar con la presencia de por lo menos seis de sus integrantes, y como actualmente (debido a las vacantes no cubiertas por el Senado de la República), el Pleno únicamente está compuesto por cinco personas, la sexta posición será cubierta por el magistrado o magistrada de Sala Regional con mayor antigüedad o, en su caso, de mayor edad.

Para efectos de elaborar el proyecto para hacer la declaración de validez o, en su caso, de invalidez de la elección presidencial, el TEPJF conforma una comisión, la cual fue aprobada esta semana por unanimidad de votos, misma que quedó integrada por los magistrados Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Alfredo Fuentes Barrera, quienes tendrán la responsabilidad de elaborar y presentar el proyecto ante el Pleno, para que éste resuelva a más tardar el próximo 6 de septiembre. En ese sentido, todos los asuntos vinculados con la nulidad de la elección presidencial deberán ser turnados a esta instancia.

Una vez transcurrida la jornada electoral, llegó el turno de las y los abogados de cada partido político, quienes hacen gala de sus mejores estrategias jurídicas para defender sus triunfos y, en su caso, impugnar el de sus contrincantes; pero también llega la etapa de las y los cabilderos, tanto partidistas como lobistas profesionales, quienes se pasean de manera frecuente por las diversas ponencias, para tratar de influir a favor de su clientela.

Pero la estrategia de resolución de los asuntos no solo es legal, si no política, y ahí entra también la conformación de la propia Sala Superior, en la cual se están acomodando las piezas, por ello, esta semana nos enteramos de la renuncia de Rodrigo Sánchez Gracia, el cualse desempeñaba como secretario general de acuerdos y en su lugar fue desinado Ernesto Santana Bracamontes que pertenece al equipo de la magistrada presidenta Mónica Aralí Soto Fregoso, quien es un servidor púbico honesto y profesional que, sin duda, se sacó la rifa del tigre y ya no podrá dormir plácidamente por la inmensa carga de trabajo que conlleva esta etapa del proceso.

De igual forma, Roselia Bustillo Marín fue designada como subsecretaria general de acuerdos, en sustitución de Blanca Ivonne Herrera Espinoza.

Finalmente, desde este espacio le daremos puntual seguimiento al trabajo del Tribunal Electoral, porque estoy seguro que, como siempre, resolverá los asuntos con base en la ley y las constancias del expediente; sin embargo, al hacer lo propio con las impugnaciones contra la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional, tanto de la elección federal, como de las locales en última instancia, así como de senadurías, seguramente causará resquemor el tema de la afiliación efectiva que incidirá en la conformación de mayorías en las cámaras, y dejará satisfechos a unos, y muy molestos a otros. Ya veremos de que lado masca la iguana.

Plancha de quite. “Cuando hayas de sentenciar procura olvidar a los litigantes y acordarte sólo de la causa”. Epicteto de Frigia.