Castigo a exhumaciones
El diputado del PAN Héctor Barrera presentó una reforma a los artículos 207 y 208 del Código Penal capitalino a efecto de incrementar las penas con 3 a 6 años de prisión al que “oculte, destruya o sepulte un cadáver, restos o feto humanos, sin la orden de la autoridad”, esto derivado del caso del niño Tadeo que fue extraído del panteón de San Nicolás Tolentino. “Bajo ninguna circunstancia puede ser posible que exhumen el cadáver de una persona, de un niño, con cualquier fin, más allá si se utilizó para introducir droga al penal, el hecho en sí mismo nos debe generar un cuestionamiento” que no se puede repetir, señaló el legislador.
Vacunar menores
El diputado del PRI Ernesto Alarcón solicitó a la Cofepris, autorizar el uso de emergencia de la vacuna Pfizer/BioNTech en menores de cinco a once años de edad, esto a partir de la consideración de los estándares de las autoridades sanitarias de los países como EU, Costa Rica y Japón. El legislador señaló “que no es una propuesta política, sino una propuesta para abonar a la salud de las y los capitalinos”. En su punto de acuerdo también solicitó al Gobierno Federal considerar a las y los menores de esas edades dentro de la Jornada Nacional de Vacunación contra el Covid-19 y garantizar la compra del insumo biológico necesario.
Archivo muy atrasado
Se van a cumplir 5 meses de que las y los anteriores diputados dejaron sus cargos y muchos no han concluido con su entrega de documentos en el archivo del Legislativo local, lo que a todas luces es ilegal, pues ya vencieron los plazos para ello. De manera irregular esa área sigue recibiendo documentos que, por ley, Comisiones y Comités, además de las y los legisladores deben entregar. De acuerdo al Reglamento del Congreso, previo al término de la Legislatura se deberá presentarán un informe de las principales actividades desarrolladas, así como una memoria de las reuniones de trabajo y los principales resolutivos o acuerdos, para la integración del Archivo Histórico.
No a los “Autos Chocolate
Durante la conferencia de prensa para presentar el programa de reemplacamiento entre la AMDA y el Gobierno de la Ciudad, el Presidente Ejecutivo de esa Asociación, Guillermo Rosales, solicitó a la Jefa de Gobierno, no agregar a la CDMX al decreto por el cual se regularizan los autos ingresados al país de forma ilegal, conocidos como “autos chocolate“. “Hago propicia la ocasión para pedir a la jefa de gobierno, que la Ciudad no se sume al reclamo de gobernadores que, en un punto de aparente beneficio social, le están requiriendo al presidente Andrés Manuel López Obrador, ser incluidos en los beneficios que promueve la regularización de vehículos usados”, señaló.