Migración y la encrucijada moral

Con más de doscientos mil migrantes en la frontera norte, México transita inexorablemente a una crisis humanitaria de proporciones insospechadas, luego de que prescribiera el capítulo 42 en el que las autoridades norteamericanas gozaban de la facultad para deportar al último país huésped a todos los migrantes que, para su juicio, representaban un peligro para la salud de los estadounidenses, asunto que generó y va a seguir generando, muchos contratiempos a la actual administración.

Inicialmente, hay que referir que con el esquema de leyes de migración, las autoridades de los Estados Unidos, no podrán deportar de manera inmediata ni bajo cualquier situación legal, a ningún migrante que ingrese ilegalmente y que, ya en suelo norteamericano, pida asilo por causas políticas o sociales, pero lo que actualmente hacen es impedir el ingreso inmediato a los indocumentados.

Por lo anterior, existe una estrategia del vecino del norte que consiste en algo muy simple: no va a entrar nadie, bajo ninguna causa.

Desgraciadamente los migrantes vieron las cosas más fáciles desde que se les ha dejado transitar por México, asunto que de ningún modo es una buena idea, puesto que la migración irregular en el número de migrantes que han transitado por México, sin el debido cuidado, trae dos fenómenos consigo: un gasto excesivo en cuanto lo que cuesta sostener los albergues para darle servicios a los migrantes para su manutención, que proviene de los bolsillos de los contribuyentes mexicanos, a los que realmente se termina de pasar la factura, toda vez que el gobierno mexicano, en la inteligencia de que opera con fondos provenientes de nuestros impuestos, tendrá que pagar al final del día el oneroso precio de la asistencia social, salud y resguardo físico, a los indocumentados que por asuntos humanitarios, se les dejó transitar con toda libertad por un muy buen tiempo; y el segundo fenómeno , la migración del crimen organizado que viene junto con los que buscan mejores oportunidades de empleo, salud, seguridad y progreso.

Además todo esto sucede en un momento en el que las tensiones de los Estados Unidos contra México, aquejan al gobierno de la 4T por el tema del fentanilo principalmente, además del migratorio, debido a que las cosas se están saliendo de control con los cárteles del crimen organizado, frente a un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos, en el que nosotros, los mexicanos, debemos de estar más que atentos a los alcances de una negociación, de la que las dos naciones han celebrado y del que no se sabe nada, pese a que finalmente todo redunda en que vamos a tener con los impuestos que pagamos todos, mantener a los migrantes hasta que se integren a la fuerza laboral mexicana, o bien hasta que opten por regresar a su país de origen y en todo caso, hasta que puedan cruzar ilegalmente a los Estados Unidos.

Esto significa no sólo un predicamento monetario, sino también un problema operativo, pues la población flotante en estas situaciones es cercana a las doscientas mil personas ( aunque hay quienes dicen que son muchas más) repartidas en más de 40 municipios fronterizos, y no sólo es un reto, sino un problema inescrutable porque se suscitan inconvenientes como el sucedido en ciudad Juárez, en donde murieron en un incendio del que no pudieron escapar, migrantes retenidos por el Instituto Nacional de Migración, generando señalamientos severos a las autoridades responsables, y lo cierto es que las condiciones de salud, vivienda y control médico, han rebasado la capacidad de las instituciones encargadas de atender el tema.

Cabe destacar que además de lo anterior, existe un debate nacional entre el gobierno y sus opositores en el sentido de que la política migratoria en el sur de México es por demás laxa, y que lo acontecido en la frontera norte es el resultado del descuido de la frontera sur que, aunque ha quedado sellada casi por completo actualmente, los migrantes que ingresaron a México desde meses atrás siguen intentando sin conseguirlo, cruzar hacia los Estados Unidos.

Es importante destacar que en esto hay señalamientos igualmente en contra por el fenómeno migratorio de algunas autoridades destacadas en los Estados Unidos, pues sin comprobar su dicho, han acusado a la administración de López Obrador de estar fomentando la migración ilegal, como el caso del gobernador del estado de Florida, Ron DeSantis, que ha mandado a las zonas más opulentas del norte de los Estados Unidos a migrantes venezolanos, al tiempo de acusar al presidente de México de promover la migración ilegal y de insinuar con sus declaraciones que hizo el traslado con engaños a zonas del norte de los Estados Unidos, para que los norteños (tal y como textualmente lo expresó), sientan un poco lo que padecen las ciudades fronterizas con la política migratoria de Joe Biden.

Ni que decir del senador John Kennedy, que en medio de la crisis migratoria sale al paso, para de plano pedir que Joe Biden tome el teléfono y le hable a López Obrador, para que invite al ejército de los Estados Unidos a capturar a los miembros de los cárteles mexicanos, afirmando además que se podía presionar a México, en materia comercial, diciendo que si no fuera por los Estados Unidos, los mexicanos estaríamos comiendo carne de gato y viviendo en una carpa, hecho que le hizo ganar el mote de “Lord whiskas”.

Finalmente, basta decir que hay muchos retos por enfrentar con la crisis migratoria que se vive en el norte de México; pero la mayor crisis es la moral, puesto que nadie ha podido contestar acerca de cuál es la postura más adecuada: ¿será mejor expulsar a todos como recomiendan nuestros vecinos del norte?, ¿hay que darles trabajo e integrarlos a la productividad en México?, ¿o simplemente hay que dejar pasar, pase lo que pase?, y para todo esto, solo el pueblo sabio tal vez tenga la respuesta…