Una democracia restrictiva

Columnas martes 01 de septiembre de 2026 -

El entorno político mexicano atraviesa por días particularmente intensos. Diversas decisiones impulsadas desde el Ejecutivo y adoptadas por los órganos jurisdiccionales comienzan a dibujar un escenario en el que, bajo argumentos como la defensa de la soberanía, la legalidad o la regulación de la competencia electoral, se incorporan nuevas restricciones para quienes buscan participar y competir por el poder. Ante este escenario, surge una pregunta: ¿hasta qué punto las nuevas reglas buscan fortalecer las instituciones y proteger la soberanía nacional, y hasta qué punto responden a los riesgos políticos que el propio régimen identifica de cara a los próximos procesos electorales?

Un primer ejemplo es la iniciativa de reforma constitucional presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum para modificar los requisitos aplicables a quienes aspiren a la Presidencia de la República, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. La propuesta establece que las personas mexicanas que posean otra nacionalidad deberán renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidatas. También contempla restricciones para quien ocupe alguno de esos cargos, como adquirir otra nacionalidad, utilizar documentos de identidad extranjeros, ejercer determinados derechos asociados con otra ciudadanía o acogerse a la protección diplomática de otro Estado.

La justificación del Gobierno federal descansa en un argumento de soberanía y lealtad nacional. Sheinbaum ha sostenido que quien encabece el Poder Ejecutivo debe tener como único interés superior el de México y ha señalado que la existencia de una segunda nacionalidad puede generar dudas respecto de esa lealtad. La discusión adquirió además una dimensión política concreta cuando la propia presidenta hizo referencia al caso del exgobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca, cuya doble nacionalidad ha sido mencionada por el Gobierno en el contexto de las dificultades para conseguir su extradición desde Estados Unidos.

A esta discusión se suma otra decisión relevante adoptada durante la semana. La Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló disposiciones de la legislación electoral de Michoacán que restringen las posibilidades de coordinación de las candidaturas independientes. Entre otras cuestiones, se estableció que quienes compitan mediante esta figura deben hacerlo de manera individual y autónoma, sin realizar determinadas actividades conjuntas, compartir propaganda o unificar estrategias territoriales con otras candidaturas independientes.

La resolución tiene particular importancia ante el crecimiento político del denominado Movimiento del Sombrero y la proyección de Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo y actual presidenta municipal de Uruapan, como posible aspirante independiente a la gubernatura de Michoacán.

Aquí también aparece una tensión importante. Desde una perspectiva jurídica, puede argumentarse que una candidatura independiente debe conservar precisamente ese carácter y diferenciarse de los partidos políticos. Sin embargo, desde una perspectiva política, el efecto acumulado de las restricciones puede incrementar las dificultades para competir por fuera de las estructuras partidistas. Las candidaturas independientes, que en algún momento fueron presentadas como una vía para ampliar la participación ciudadana y diversificar la oferta electoral, enfrentan hoy barreras organizativas, financieras y territoriales que limitan considerablemente sus posibilidades reales de competencia.

El problema se vuelve más delicado cuando estas decisiones son observadas en conjunto. Por separado, cada una puede encontrar una justificación jurídica: proteger la soberanía nacional, precisar los requisitos de elegibilidad o preservar la naturaleza de las candidaturas independientes. Pero, consideradas dentro del contexto político actual, plantean una pregunta inevitable: ¿estamos frente a reglas diseñadas para fortalecer de manera general el sistema democrático o frente a respuestas institucionales construidas a partir de amenazas políticas coyunturales?

Este cuestionamiento cobra especial relevancia en un momento en el que la confianza en las instituciones electorales y judiciales constituye un recurso particularmente frágil. No basta con que una decisión pueda defenderse jurídicamente; también importa la percepción de imparcialidad que genere. Cuando una modificación legal coincide demasiado claramente con nombres, adversarios o escenarios electorales concretos, existe el riesgo de que una parte de la ciudadanía interprete que las instituciones están ajustando las reglas de competencia a partir de las necesidades del grupo gobernante.

En los próximos años habrá que observar con atención los efectos acumulativos de estas reformas e interpretaciones. El desafío no consiste solamente en impedir la injerencia extranjera o regular adecuadamente las candidaturas independientes, sino en garantizar que las respuestas a esos problemas no terminen reduciendo innecesariamente el espacio de participación política.

Por ello, quizá la pregunta más importante no sea quién resulta beneficiado o perjudicado hoy por estas decisiones. La verdadera prueba será determinar qué ocurriría si mañana las mismas reglas fueran aplicadas contra quienes actualmente las promueven. Si una norma sigue pareciendo justa independientemente de quién gobierne y de quién sea el afectado, probablemente estemos frente a una institución democrática sólida. Si su legitimidad depende de quién ocupa el poder y de quién se encuentra enfrente, entonces el problema es mucho más profundo: ya no estaríamos discutiendo solamente las reglas de una elección, sino la calidad del pluralismo político que queremos preservar.

Iván Arrazola es analista político e integrante de Integridad Ciudadana A.C. @ivarrcor @integridad_AC