No permitamos, celebremos o normalicemos violaciones de los derechos de niñas, niños y adolescentes

Columnas miércoles 19 de enero de 2022 -

Tras las violaciones a los derechos de un menor de 5 meses que fue sustraído del Centro de Asistencia Social (público) “Capullos” en el Estado de Nuevo León, bajo un supuesto “permiso de convivencia familiar” sin el debido protocolo que garantice su bienestar y luego de que el debate se polarizara y causara controversia entre quienes sólo veían un supuesto acto de caridad, es necesario hacer una evaluación de lo que pudimos o debemos aprender de ello.

Primero, es comprensible que, ante la falta de información, existan quienes hayan visto en ello un acto humanitario. Ante ello, el papel de los medios de comunicación, la reacción de las instituciones públicas y el conocimiento de las personas defensoras de los derechos de la infancia es pieza clave para educar, comunicar e informar con perspectiva de derechos humanos.

Que el hecho se haya viralizado, dado el alcance e impacto que tienen las redes sociales de la influencer y el gobernador del estado de Nuevo León, permitió visibilizar la fragilidad de las instituciones públicas que tienen bajo su cuidado a niñas, niños y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad, pues la niñez que habita en centros de asistencia pública es víctima de muchas otras formas de violencia, como la orfandad por feminicidio.

El hecho, permitió mostrar una expresión más de autoritarismo y abuso de poder. ¿El permiso de convivencia para un fin de semana que se le otorgó al matrimonio, se le hubiera concedido a cualquier ciudadano? De acuerdo con el Sistema Nacional Para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), es necesario que toda persona o familia interesada en un proceso de adopción cuente con un certificado de idoneidad, el cual solo puede ser expedido por el Sistema Nacional DIF, los Sistemas Estatales y las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, pues sin este documento resulta jurídicamente imposible realizar la asignación de una niña, niño o adolescente en adopción.

Para los medios de comunicación, periodistas, creadores de contenido y usuarios en redes socio digitales, además de figuras públicas y funcionarios al servicio del estado, el aprendizaje es valiosísimo, además de una oportunidad para informar, comunicar e interactuar, teniendo presente en todo momento el interés superior de la niñez. A partir de ahora, debe quedar claro que exponer la identidad públicamente de un niño o niña, que además atraviesa por condiciones de vulnerabilidad, es una forma de revictimizar, de cosificar a la infancia y en algunos casos se puede llegar a la discriminación.

La adopción no es un derecho de las personas adultas, sino constituye un mecanismo jurídico que permite la restitución del derecho a vivir en familia de niñas, niños y adolescentes.