La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió por unanimidad validar la primera orden de captura emitida en 2021 contra el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Con esta decisión, el máximo tribunal revocó el amparo que había frenado su ejecución y abrió paso a que la Fiscalía General de la República (FGR) continúe con el proceso.
El proyecto, elaborado por la ministra Lenia Batres Guadarrama, fue aprobado por los ocho ministros presentes, quienes coincidieron en que el juez de amparo excedió sus facultades al realizar una valoración probatoria que corresponde al juez de control. La Corte enfatizó que para librar una orden de aprehensión en el sistema penal acusatorio no se requiere prueba plena, sino datos suficientes que permitan suponer razonablemente la existencia de un delito y la probable participación del imputado.
Aunque el fallo fue unánime, algunos ministros, como Yasmín Esquivel Mossa, cuestionaron la metodología del proyecto al considerar que la Corte podría estar sustituyendo al juez natural, lo que implicaría riesgos para las garantías del debido proceso. Batres se comprometió a ajustar la redacción de la sentencia final para atender las observaciones.
El caso se originó en denuncias presentadas en 2020 por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que señalaron un esquema de triangulación de recursos mediante contratos de obra pública, transferencias entre empresas y operaciones inmobiliarias vinculadas al exmandatario. Entre los indicios se encuentran discrepancias contables, reportes de operaciones sospechosas en Estados Unidos y un certificado de depósito por 7 millones de dólares a nombre de un familiar.
La orden de aprehensión se reactivará una vez que la SCJN emita el engrose de la sentencia y la notifique al juez de control en Almoloya de Juárez, quien deberá proceder conforme a lo resuelto. Con este fallo, la Corte sienta jurisprudencia sobre los requisitos para librar órdenes de captura en el sistema penal acusatorio.