Instituto de Planeación debe informar sobre el silencio institucional del PGD

Columnas martes 04 de agosto de 2026 -

Los ciudadanos necesitas saber que sucede con el Plan General de Desarrollo, ya que existen muchas dudas en cuanto a la legalidad del proceso, ¿primero que ya lo hemos dicho si el documento es válido? Si paso por la aprobación ante la Junta de gobierno del instituto de Planeación, después sobre la realización de la propia consulta del proyecto del Plan General de desarrollo, si esta fue hecha de manera correcta o solo se trató de una simulación del gobierno, para intentar de validar e imponer un documento construido por el gobierno, sin tomar en cuenta en realidad la voluntad de los ciudadanos.

El Plan General de Desarrollo entró en una preocupante etapa de silencio institucional. Terminó la Consulta Pública, pero desde entonces el Gobierno de la Ciudad de México dejó de informar lo que sigue, es decir, consultó a la ciudadanía y se encerró a redactar el futuro de la ciudad, lo que sucederá en los próximos 20 años en lo oscurito.

Hoy no conocemos la versión definitiva del Plan General de Desarrollo, no existe un calendario oficial para su discusión en el Congreso de la CDMX y tampoco se han comunicado avances sobre la integración del documento final.

La ciudadanía participó en la consulta porque el propio Gobierno la convocó. Ahora el Gobierno tiene la obligación de rendir cuentas sobre lo que hizo con esa participación.

Por ello, solicité formalmente al Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva que transparenté el procedimiento utilizado para analizar las propuestas ciudadanas recibidas durante la consulta, y que se mencionan en la página de internet del instituto de planeación en lo que llaman plaza pública.

¿Queremos saber quién recibió y clasificó las propuestas, fue el Instituto de planeación? ¿O fue la secretaria de planeación del desarrollo? También los ciudadanos deben saber qué criterios se utilizaron para evaluar las propuestas formuladas por los ciudadanos, qué dependencias participaron en esa revisión, cuáles fueron aceptadas, cuáles fueron rechazadas y por qué se tomó cada una de esas decisiones.

Una consulta pública no termina cuando los ciudadanos entregan sus propuestas; termina cuando la autoridad explica qué hizo con ellas.

No basta con presumir el número de participantes o de talleres realizados. Lo importante es demostrar que las opiniones de la ciudadanía se tomaron en cuenta y que realmente influyeron en el contenido del Plan.

El gobierno tiene la obligación de transparentar ese procedimiento, no es un favor ni una concesión; es una obligación de cualquier gobierno que afirma haber construido un documento mediante participación ciudadana.

El Congreso de la Ciudad de México, no puede discutir un Plan General de Desarrollo que definirá el rumbo de la Ciudad durante los próximos veinte años sin conocer cómo se construyó el documento, la versión que llegará a sus manos.

Lo único que estamos pidiendo es transparencia. Si el proceso fue serio y técnicamente sólido, el Gobierno no debería tener ningún problema en explicar cómo analizó cada una de las propuestas que recibió.