Sacar al narco de la política

Columnas lunes 25 de mayo de 2026 -

@onelortiz

https://youtu.be/HbX3WJ_kR2Y?si=g8KywpdefC5hx0gV

Estoy de acuerdo en sacar al narco de la política. En este sentido, la intención de la presidenta Claudia Sheinbaum de tratar de blindar las elecciones de la influencia del crimen organizado es correcta y merece respaldo. Nadie en su sano juicio puede defender que grupos criminales financien campañas, impongan candidatos, amenacen electores o decidan quién gobierna municipios enteros. El problema es que la reforma electoral elaborada desde la consejería jurídica de la Presidencia parece partir de un diagnóstico equivocado.

La infiltración del narcotráfico en los procesos electorales no es, en esencia, un problema electoral. Es un problema de seguridad nacional. Y mientras el gobierno insista en trasladar esa responsabilidad al árbitro electoral, seguirá atacando las consecuencias y no las causas.

Incluir la relación con el crimen organizado como causal de nulidad de una elección suena bien en el discurso político, pero en la práctica puede convertirse en un desastre jurídico y político. Lo único que provocará será una lluvia de acusaciones mutuas entre candidatos, precandidatos y aspirantes de todos los partidos, incluyendo los de Morena y aliados. Bastará una fotografía, un rumor, una campaña en redes sociales o una denuncia anónima para tratar de descarrilar candidaturas completas.

La iniciativa, además, parece hecha con prisa y sin claridad técnica. Es ambigua y deja demasiados aspectos a la discrecionalidad del Instituto Nacional Electoral y de las instituciones encargadas de la seguridad pública. ¿Cuándo un candidato será sujeto de revisión? ¿Cuando aparezca mencionado en redes sociales? ¿Cuando exista una denuncia formal? ¿Cuando lo señale un adversario político? ¿Quién determinará la gravedad de los vínculos? ¿Qué órganos de inteligencia participarían? ¿La Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia, las fiscalías estatales?

Más aún: ¿de verdad el Estado mexicano tiene capacidad para revisar a fondo los antecedentes, relaciones financieras, patrimoniales y de seguridad de miles de aspirantes a puestos de elección popular en tiempo real? La respuesta es evidente: no.

El riesgo es enorme. Una reforma mal diseñada puede terminar convirtiendo al tema del narcotráfico en un arma de guerra electoral, en donde las campañas se decidan no en las urnas, sino en expedientes filtrados, acusaciones mediáticas y sospechas jamás comprobadas.

Detener la infiltración del narco en la política no es tarea del INE ni del Tribunal Electoral. Es una responsabilidad del Estado mexicano y corresponde fundamentalmente a los órganos de inteligencia y seguridad nacional. El combate debe comenzar mucho antes de las campañas: siguiendo flujos financieros, desmantelando redes de protección política, investigando autoridades locales coludidas y recuperando territorios controlados por grupos criminales.

Si el crimen organizado decide quién puede hacer campaña en ciertas regiones del país, entonces el problema ya rebasó al sistema electoral. Lo que está en riesgo no es solamente una elección, sino la soberaníadel Estado mexicano.

Eso pienso yo, usted qué opina. La Política es de Bronce.