Seguridad democrática o política del enemigo

Columnas miércoles 24 de junio de 2026 -

La expansión del crimen organizado transnacional constituye uno de los mayores desafíos para América Latina en el siglo XXI. Sin embargo, la gravedad del fenómeno no debe conducirnos a una confusión conceptual y política que puede resultar tan peligrosa como la propia amenaza criminal: sustituir el paradigma de los derechos humanos por una doctrina de guerra basada en la construcción del enemigo.

La reciente Resolución 1/26 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre crimen organizado y derechos humanos constituye una aportación estratégica para el debate regional. Su tesis central es contundente: los derechos humanos son una condición indispensable para su legitimidad, eficacia y sostenibilidad. La CIDH rechaza explícitamente los enfoques fragmentados, coyunturales y exclusivamente represivos, y propone estrategias integrales, preventivas y coordinadas que fortalezcan simultáneamente la seguridad, la justicia y el Estado de Derecho.

Esta perspectiva adquiere una relevancia particular frente a la nueva doctrina de seguridad impulsada desde los Estados Unidos, donde el crimen organizado ha sido redefinido como una amenaza estratégica, donde el desplazamiento conceptual del delincuente hacia la categoría de enemigo abre la puerta a la excepcionalidad permanente. El riesgo es evidente: la lógica de la guerra termina sustituyendo a la lógica del derecho.

En efecto, cuando la seguridad se organiza alrededor de la figura del enemigo, emerge una racionalidad política que legitima la suspensión de garantías en nombre de la protección colectiva. La necropolítica encuentra entonces un terreno fértil: determinados territorios, comunidades y cuerpos pueden ser convertidos en espacios de excepción donde la muerte, la exclusión o el abandono se normalizan como instrumentos de gobierno.

La evidencia regional demuestra, además, que esta estrategia ha sido ineficaz, pues, a pesar de décadas de endurecimiento penal, militarización y expansión de los aparatos coercitivos, las organizaciones criminales han fortalecido su capacidad económica, territorial y política. La propia CIDH advierte que las respuestas centradas en el control coercitivo, el encarcelamiento masivo y los estados de excepción suelen incrementar la población penitenciaria, profundizar la estigmatización de la pobreza y normalizar la letalidad como indicador de éxito.

El desafío de fondo es otro. El crimen organizado prospera donde el Estado pierde legitimidad, capacidad institucional y control efectivo del territorio. En esos vacíos emergen poderes paralelos que regulan mercados, imponen normas, administran castigos y disputan incluso la capacidad de decidir sobre la vida y la muerte. La respuesta requiere reconstruir la autoridad legítima del Estado mediante instituciones eficaces, sistemas de justicia independientes, combate a la corrupción, investigación financiera de las redes criminales, protección de víctimas y fortalecimiento de policías civiles profesionales.

Por ello, la discusión sobre seguridad debe incorporarse a una reflexión más amplia sobre el desarrollo político de la región. Democracia, Estado de Derecho y derechos son los tres pilares de un mismo proyecto civilizatorio. Cuando uno de ellos se debilita, los otros también se erosionan. En esa medida, la verdadera alternativa para México y América Latina consiste en comprender que sólo una seguridad democrática, fundada en la dignidad humana, puede derrotar de manera duradera al crimen organizado y preservar la libertad.

Investigador del PUED-UNAM