Sistema Político Mexicano: ¿Paréntesis o retroceso?

De entrada, lo primero que llama la atención es que una de las historias oficiales que hoy luchan por la supremacía (ya no hay una sola) disocie por completo la arista política de la arista económica, cuando fue esta última la que primero legitimó y luego deslegitimó por completo a la primera. No es casualidad que la época de mayor estabilidad haya sido aquella en la que el modelo de desarrollo estabilizador, basado en economía mixta y sustitución de importaciones, resultó en un crecimiento sostenido. A partir de 1970, las continuas crisis económicas con la vertiginosa pérdida del poder adquisitivo del salario, la ineficacia de la educación universitaria para la movilidad social y otros fenómenos relacionados, fueron desgastando también la autoridad política, hasta que en 1981, con la nacionalización de la banca, por primera vez un presidente tomó una decisión que afectó a todos por igual, élites, pueblo, inversionistas, consumidores y políticos. El sistema priísta sufrió con ello un golpe de muerte cuyos estertores se acentuaron en 1988 y 1994. Lo anterior como simple recordatorio de que, contar la historia del cambio político sin cubrir la dimensión económica y de precariedad salarial, es ingenuo.

Las peculiaridades del Estado posrevolucionario y la creación del PRI (en sus distintas iteraciones), como arena política donde las élites podían pactar su rotación sin violencia, tuvo más que ver con el convulso siglo XIX mexicano, la incapacidad del modelo porfirista para integrar a los obreros en su modelo económico industrializador, y con la predisposición de los caciques locales a los cuartelazos, que con una deliberada intención de “los de arriba” de oprimir a “los de abajo” o algún hipo marxista similar. Ese modelo efectivamente se usa para estudiar el corporativismo autoritario, y el presidente de la República tuvo, durante muchísimo tiempo, facultades metaconstitucionales que nadie cuestionaba, ni en tribunales ni en ningún otro lado. Pero en más de un momento crítico durante el siglo XX el ejecutivo federal fue un fiel de la balanza, un mediador entre intereses que lo trascendían, o un franco hombre de paja para asumir la culpa de decisiones estúpidas que habían tomado otros (porque cuando se vive del poder, es mejor que parezca que se decidió mal, a que decidió otro).

Ahora bien, la pulverización del poder presidencial no fue un fenómeno aislado, pues en general el poder y la influencia en el mundo se fragmentaron por razones que exceden a esta columna, pero que pueden revisar en el librazo de Moisés Naim intitulado “El Fin del Poder”. Para lo que me interesa, en el caso de México, la pérdida del poder central no redundó ni en un sano equilibrio de poderes, ni en un “rule of law” con órganos autónomos despolitizados. Aunque hubo notables excepciones (México no está mucho peor, en buena parte, por la autonomía del Banco de México), más bien observamos una feudalización del poder, ahora no solamente regional, sino por competencia, donde grupillos de mafiosos con título crearon verdaderas patentes de corso (véase la red de corrupción que desmanteló la Marina en Cofeprix, como muestra), todo encuadrado bajo parámetros macroeconómicos que supuestamente no se podían cambiar porque eran como leyes naturales (por eso no podían subir los salarios, por eso no se podía combatir el outsourcing, por eso, aún hoy, el 1% de las empresas maneja el 22% del agua potable en México). El repudio mayoritario a las élites de la transición y su proyecto indican, entre otras cosas, que las personas no se compran ya el cuento de que hay que hacer más ricos a los ricos para que salpiquen a los demás.

Podemos preguntarnos si, más que una evolución política aislada, los pasados 25 años no fueron un paréntesis en una historia que ha preferido el decisionismo y el providencialismo laico al pluralismo degenerado en anarquía facciosa. Conste que no estoy haciendo (y nunca haré) juicios morales sobre sistemas políticos en abstracto. Pero al menos habría que explorar una narrativa alternativa, y una vez desarrollada, hacer un diagnóstico también paralelo del prevalente, ya sea para cambiarla, combatirla o defenderla, que de eso se trata, se supone, vivir en una sociedad democrática.