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Columnas
El empresario Carlos Slim hubiera preferido que al poder judicial se le hicieran solo ajustes y corrección de errores, como lo expuso en su anual conferencia de prensa.
Seguro sabe que se intentó de esa manera, lo hizo Arturo Zaldívar en su calidad de presidente de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal.
Incluso elaboró un proyecto de reforma que llegó al poder legislativo y fue aprobado por mayoría.
Para que contara con todo el apoyo, se concedió que la presidencia de la Corte y del Consejo siguieran bajo el mando de la misma persona. Creyeron los legisladores, diputados y senadores, que sería determinante para la depuración del sistema de justicia. No fue así.
Zaldívar se topó con un muro de vicios, con inercias que no pudo vencer. Se mantuvo el nepotismo. Siguieron campeando excesos en sueldos y prestaciones, resoluciones por consigna, parcialidad y favoritismo.
Es lo que explica que la gente no haya salido a la calle a defender al poder judicial, como querían sus integrantes, sobre todo quienes están a la cabeza. El pueblo nunca lo haría, por una sencilla razón: ha sido su víctima.
Tampoco es cierto, como se desprende de las palabras de Slim, que hay borrón y cuenta nueva y que por lo mismo se va a empezar de cero.
De acuerdo con números del Senado, el 74 por ciento de los juzgadores que están en activo decidió participar en la elección del 1 de junio.
No todo está echado a perder. Sin duda hay juristas valiosos, experimentados, dedicados a impartir justicia.
Los malos juzgadores saben que tarde o temprano se tendrán que ir del poder judicial. Hasta podrían ser llamados a cuentas.
Pierden de vista que sus errores o negligencias han sido de consecuencias en víctimas y sus familias.
Ahora se dicen afectados con la reforma judicial. Están dedicados a ponerle piedritas en el camino al proceso de elección, exageran inconsistencias en el listado e ignoran que ese tipo de errores en nombres y datos personales proliferan también en elecciones políticas.
Es obra humana, no es perfecta, lo fundamental es que se subsanen.
Con amparos y suspensiones han pretendido descarrilar el proceso.
Los inconformes (siete) que operan desde la Corte, aun cuando saben que están vencidos, siguen en su batalla para ver si al menos logran deslegitimar la elección de juzgadores.
Es evidente que por el enojo que los ciega, van a continuar en esa tesitura.
No se dan cuenta o no quieren darse cuenta que con su comportamiento, confirman que no había mejor opción que llevar a cabo una reforma de gran calado para relevarlos.
Se critica la organización de la elección, pero para nada se habla de los defectos del poder judicial.
¿Dónde están los reportajes sobre la gente que está encarcelada de manera injusta?
¿Cuándo se han mostrado las sentencias equivocadas y ofrecido disculpas a las víctimas?
¿Cuántos malos juzgadores han sido sancionados por el Consejo de la Judicatura Federal que se supone vigila su desempeño?
¿Y los malandros que han sido liberados de manera indebida?
Interrogantes que no tomó en cuenta el empresario Carlos Slim al hacer sus observaciones.
Lo más fácil fue acomodarse a la campaña mediática de los detractores y calificar el proceso de “complicado, latoso, costoso e indebido”.
Lo complicado, latoso, costoso e indebido ha sido el daño que malos juzgadores le han ocasionado al pueblo.
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