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Columnas viernes 03 de mayo de 2024 -

El golpe a la jerarquía católica

Duro golpe se asestó a la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) con la revelación de lo sucedido con el obispo emérito de Chilpancingo, Guerrero, Salvador Rangel Mendoza, luego de que el comisionado de Seguridad de Morelos, José Antonio Ortiz Guarneros, diera a conocer que el religioso ingresó a un motel de Cuernavaca, Morelos, acompañado de un sujeto. No hay que olvidar que la grey católica ha sido muy crítica por la situación de inseguridad que vive el país y que el obispo Salvador jugó un papel importante en la mediación con los grupos delictivos que operan en Chilpancingo. Este tipo de hechos les resta credibilidad a los jerarcas de la iglesia católica sobre todo lo que puedan mencionar en una de las zonas más calientes del país en materia de inseguridad.

Falta de brújula

Nos comentan que quien no va en línea con la 4T es la candidata por Hermosillo, Sonora, María Dolores del Río, o al menos es el sabor que deja su posicionamiento en contra del arrendamiento de patrullas para vigilar y resguardar a la población en la alcaldía, a contracorriente del esquema impulsado tanto por el ahora gobernador del estado, Alfonso Durazo, cuando se encontraba al frente de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, así como por la hoy candidata morenista a la Presidencia, Claudia Sheinbaum, debido a que propiciaría considerables ahorros. Del Río parece perdida y todo indica que la falta de brújula recae en su salto de un partido a otro, pues como se sabe, recientemente se colocó como abanderada de los guindas, Partido del Trabajo, Verde Ecologista, PES y Nueva Alianza, pero ya había pasado de Acción Nacional a las filas de Movimiento Ciudadano.

La violencia no se combate con violencia

Más que controvertida resulta la iniciativa que presentó el diputado del PAN, Santiago Torreblanca, para modificar el artículo 10 de la Constitución y permitir que los propietarios de negocios cuenten con un arma para garantizar su seguridad y usarla en legítima defensa. Si bien es cierto que los niveles de inseguridad han rebasado a las autoridades para cumplir con su función de proteger a la ciudadanía, armar a la población no es la solución, pues la violencia no se combate con violencia.

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