En un momento en que todas las miradas están en los viajes, gastos, compras, propiedades, relojes… de la clase política, se ha dejado de lado o se observado muy poco la más reciente radiografía de la pobreza en México que presenta un panorama de claroscuros, especialmente para la población infantil.
A pesar de que las cifras sugieren una mejoría, la realidad detrás de los números es contundente: la pobreza sigue siendo una condena para millones de niños y niñas, perpetuando un ciclo de exclusión que el país no ha logrado romper.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la pobreza multidimensional en el país se redujo significativamente. Entre 2022 y 2024, la población en situación de pobreza pasó de 46.8 a 38.5 millones de personas, lo que representa una disminución de 8.3 millones de mexicanos. La pobreza extrema también se redujo, de 9.1 a 7.0 millones de personas en el mismo periodo.
Sin embargo, para muchos, estas cifras son abstracciones lejanas. La verdadera dimensión de la pobreza se vive en historias como la de Antonia un niña de 9 años que vende chicles y es limpiaparabrisas en la Ciudad de México, quien estar ahí no ha sido una opción, sino la única oportunidad de sobrevivir porque si no lo hace, “no tiene con que tranquilizar las tripas ni las mías ni las de mis carnales”, expresa con cierto orgullo de saber que lo que hace los ayuda.
O la de Martín, un niño que, a sus ocho años, ya conoce el peso de la desigualdad. Nació en una comunidad rural de Chiapas, donde el 77% de los niños, al igual que él, viven en la pobreza. Su jornada no comienza con la escuela, sino con el trabajo en el campo, ayudando a su padre para llevar un poco de frijol o maíz a la mesa. Martín no solo enfrenta el hambre y la falta de acceso a servicios básicos como la salud o el agua potable; también lucha contra el estigma. La carencia de zapatos, la ropa gastada, y la piel curtida por el sol lo identifican como "uno de los que no tienen", una etiqueta que se pega más fuerte que la tierra en sus manos.
Lo más grave es que esta condición de vulnerabilidad se hereda. Los estudios muestran que 73 de cada 100 personas que nacen en el 20% de los hogares más pobres no logran escapar de esa situación en la edad adulta. Nacer en pobreza en México no es una circunstancia, es un pronóstico.
Esta aseveración es más cruda cuando vemos que nuestro mapa nacional es un mapa de la desigualdad, porque la pobreza infantil no afecta a todos por igual. Los datos más recientes del INEGI indican que las entidades con el mayor porcentaje de población en situación de pobreza multidimensional durante 2024 fueron Chiapas (66.0%), Guerrero (58.1%) y Oaxaca (51.6%).
En términos de pobreza extrema, Chiapas (27.1%), Guerrero (21.3%) y Oaxaca (16.3%) también lideran la lista. A pesar de que los estados del sur concentran las mayores incidencias, la pobreza infantil también golpea a las grandes urbes; el Estado de México, por ejemplo, ostenta la cifra más alta en números absolutos, con 2.6 millones de niños en esta condición.
Las consecuencias de esta realidad son devastadoras y se manifiestan en múltiples esferas de la vida, como en su salud y nutrición porque los niños en pobreza enfrentan mayores riesgos de sufrir malnutrición, enfermedades crónicas y retrasos en el crecimiento debido a la falta de acceso a servicios médicos y una alimentación adecuada. En su educación porque como Antonia o Martín por trabajar abandonan la escuela, perpetuando con ello, la pobreza intergeneracional. Además de que están más expuestos a la violencia y a la explotación de todo tipo.
Todo lo anterior vulnera un derecho fundamental consagrado en la ley mexicana: el principio del interés superior de la niñez. Este principio, integrado en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a partir de la reforma de 2011, establece que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se debe velar de manera prioritaria por los derechos y el bienestar de los niños, niñas y adolescentes.
La persistencia de la pobreza en un sector tan vulnerable de la población evidencia que, a pesar de estar plasmado en la Carta Magna, este principio no se ha cumplido cabalmente.
Las cifras no dejan lugar a dudas: la pobreza infantil es un problema que exige mucho más que una reducción marginal. Representa una deuda social y un desafío urgente que México debe abordar con políticas públicas focalizadas que ataquen las raíces del problema y rompan de una vez por todas este ciclo de exclusión. La niñez del siglo XXI no puede seguir siendo presa de la vieja premisa “origen es destino”.
ROSALIA ZEFERINO SALGADO
Asesora en Comunicación Estratégica
e Imagen Pública