Diversos estudios globales han demostrado el impacto de la pandemia en el aprovechamiento y deserción escolar, profundizándose las brechas de desigualdad en nuestras sociedades. En este contexto, la violencia permanece o se profundiza en diversas regiones del país, y si bien el rol de combatir a las organizaciones criminales que imponen su ley a sangre y fuego es una obligación de los gobiernos locales y nacionales, nosotros como ciudadanía sí podemos mejorar la convivencia cotidiana en nuestro entorno. Y uno de esos lugares indispensables son las escuelas.
Hace unos días, al revisar políticas de prevención del delito, pregunté a mis estudiantes sobre sus experiencias en sus escuelas secundarias. Las vivencias transitaron desde riñas por horas muertas entre clases, clasificación de grupos por rendimiento escolar, la aplicación de exámenes toxicológicos aleatorios; al acoso cibernético y la venta de alcohol y drogas ilegales alrededor de las escuelas. Para cada una de esto hechos se pueden identificar posibles soluciones.
Respecto a los conflictos en las escuelas por horas muertas, se puede mejorar la planeación de actividades curriculares y extra académicas entre el personal docente y los familiares. Si faltara personal, los familiares deben presionar a las autoridades educativas para resolver este tema. En relación la clasificación del alumnado por rendimiento académico, socialmente nos hemos acostumbrado a dejar atrás a los rezagados, o simplemente regalarles calificaciones, en vez de canalizarlos a escuelas con técnicas pedagógicas acordes a sus necesidades. Si éstas no existen en nuestras localidades, también debemos presionar a las autoridades educativas para remediar este rezago. Sobre la conveniencia o no de examinar si el alumnado consume drogas, ésto debe estar consensuado con sus tutores y en un marco de confidencialidad, para detectar oportunamente la adicción y evitar que escale en los siguientes años.
Sobre el acoso cibernético, las autoridades no pueden eludir su responsabilidad, y si no saben cómo atacarlo, deben capacitarse para investigar y sancionar a los responsables, inclusive colaborando con las policías especializadas en el tema. Un primer paso es denunciar al número 800-11-ACOSO (22676). Finalmente, respecto a la disponibilidad de alcohol y drogas en las inmediaciones de los centros educativos, las autoridades locales, particularmente las municipales, tienen un deber cotidiano para cumplir con la regulación de establecimientos mercantiles que restringen la venta de alcohol cerca de las escuelas.
En todos los casos, la comunicación y coordinación entre autoridades (educativas, de desarrollo social y seguridad pública) debe ser constante y evaluable. Los cambios sociales son imposibles sin la participación ciudadana. Si nuestras autoridades locales no son proclives al diálogo, presionémoslos para que sí, porque necesitamos mucha dedicación para remediar estas situaciones.
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