En periodo electoral, todas las personas candidatas se desviven en mostrarte su lado más humano y generoso, pero sobre todo, enfatizan su vocación de servicio a la gente y al país como uno de sus principales atributos. Una vez en el cargo, las cosas regularmente cambian.
Hemos normalizado que cada trienio-sexenio, centenares de personas que “no se cansaban de servir a México”, se vuelven en nuevos ricos, presumiendo su nueva abundancia en redes sociales, o los más discretos pero con mayores detractores, son descubiertos vacacionando o de shopping, en Asia o Europa.
Ojo, no se trata de satanizar a la nueva élite gobernante y olvidarte de los abusos del pasado. De lo que se trata es que la vida pública no se siga llenando de sinverguenzas, que lucran con las necesidades de las personas, por la cual millones hoy no tienen sus medicinas en el sector salud, o han caído en bancarrota por alguna emergencia familiar.
Pero, ¿de verdad esto no puede cambiar en nuestro país? Yo creo que sí, y no sólo como dijo un ex presidiente barriendo las escaleras de arriba abajo, que es muy importante, pero insuficiente; sino construyendo nuevas instituciones que no estén sujetas al control político de los rufianes en turno.
Un gran primer paso sería sacar de la esfera del Gobierno federal la hoy llamada “Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno”. Si hay una relación jerárquica de subordinación, es claro que los saqueos que afecten al gobierno en turno, no son denunciados por esta secretaría, sino sólo después de escándalos mediáticos, como pasó hace un par de años con “Segalmex”, en el sexenio de AMLO, o la “Estafa Maestra”, con Peña Nieto.
Otro avance sustantivo para reducir la corrupción consistiría en diseñar una plataforma nacional de transparencia, en la que todas las personas pudieran ubicar en su colonia las obras y servicios que erogen mes con mes los gobiernos municipales, estatales y federal en su lugar de residencia. Desde hace años tenemos plataformas que “informan” sobre esta actividades, pero no hay sanción alguna para las autoridades que poco o nada registran. Algunas de las trampas que han hecho los gobernantes para no informar con quién contratan y cuánto han gastado es calificar las obras de “seguridad nacional o seguridad pública”; y así ponerle cerrojo a todo el dinero público ahí asignado.
Otro retroceso reciente que debe revertirse fue la desaparición de los institutos de transparencia nacional y estatales: los probables abusos de algunos de sus funcionarios tiraron a la basura el avance institucional; pero nos faltó audacia para corregir sus errores. Hoy cada dependencia tiene su órgano de transparencia, pero dependen de sus jefes, repitiendo el diseño institucional de la Secretaría Anticorrupción. No basta con que la llamememos “Transparencia del pueblo”, si cambia todo para sólo empeorar.
No son las personas con vocación de servicio las que hacen los grandes cambios, son las instituciones con pesos y contrapesos. Lo demás se lo llevará el viento.