A pesar de la utilidad que han demostrado en la organización de procesos locales, en la próxima reforma electoral podrían llegar a su fin los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES).
Contrario a la primera reacción que provocó la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador en materia electoral, que parecía tendría total rechazo de la oposición, hay puntos afines en las propuestas que han presentado por separado el PAN en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y el PRI en su sede nacional.
El Ejecutivo, para empezar, se concretó a los cambios que considera necesarios en la Constitución, sin entrar en detalles en la legislación secundaria. Los panistas a través de su diputado Humberto Aguilar Coronado mostraron no solo su propuesta de alcance constitucional, sino también ajustes que se deberían hacer en leyes secundarias. Los priistas, cautos, en voz de su diputado Rubén Moreira, nada más exhibieron los ejes de lo que buscarían, sin dar a conocer los puntos finos de su proyecto.
Por ejemplo, en el caso de los OPLES, está claro que el Ejecutivo ya no los quiere y va por la centralización, para dejarle toda la organización de las elecciones del país a un solo instituto.
En ese sentido el PRI con su enunciado “nacionalización plena de comicios federales y locales”, podría dar la impresión de que quiere lo mismo, deshacerse de los organismos públicos locales, nada que más que estrictamente no lo dice de esa manera. Habría que esperar a conocer su iniciativa.
Acción Nacional, en sus documentos no toca este tema. Para aprobarlo, con los votos legislativos de Morena, sus aliados y los que aportaría el PRI, en caso de confirmarse la coincidencia, se alcanzaría las dos terceras partes que se requiere para un cambio constitucional.
Sin embargo, la reforma electoral es mucho más que los OPLES, que con otro nombre podrían conservar parte de su estructura si se reconoce su funcionamiento en organización, con dependencia del organismo central.
Hay de por medio un “paquete” o tres “paquetes” hasta ahora (Morena, PAN y PRI) en los que se observan puntos similares, que con eficaz cabildeo podrían lograr consenso.
Evidencian que se requiere mejorar las reglas del juego. De otra manera, ni el PRI ni el PAN plantearían propuestas y se concretarían a reprobar la iniciativa del Ejecutivo, como sucedió con la eléctrica.
Dependerá de la habilidad de los negociadores, sobre todo de las tres principales fuerzas políticas. Quizás no sería descabellado que a la mesa legislativa se invitara a Horacio Duarte Olivares, administrador general de aduanas en Servicio de Administración Tributaria, con experiencia y dominio del tema electoral, autor principal en la elaboración de la iniciativa del Ejecutivo.
Hay otro punto parecido en las propuestas, no igual. Tiene que ver con el llamado voto electrónico. PAN y PRI quieren urna electrónica. Morena aspiraría al voto a distancia por Internet, como ya votan mexicanos que residen en el extranjero. Coinciden los tres en evitar el multimillonario gasto en papelería.
En términos generales, Morena y PRI también coincidirían en reducir financiamiento público a partidos. Es clamor popular.
Si de verdad los tres quieren perfeccionar reglas de competencia, México tendrá nueva reforma electoral.
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