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Columnas
La administración de Claudia Sheinbaum Pardo hereda un problema que creció décadas atrás, con un papel de México como filtro migratorio. En la actualidad, el gobierno mexicano ha intensificado operativos en la frontera sur, en cumplimiento de acuerdos con Estados Unidos, lo que ha generado una contención de personas migrantes en entidades como Chiapas y Tabasco.
Pero la crisis migratoria no se resolverá con muros o restricciones y el canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, lo tiene muy claro. Por ello, México ya trabaja con países de América Latina para que se aborde el tema de la migración como un derecho humano y no como un delito, a manera de sostener una estrategia internacional coordinada.
Desde la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) se sabe que, al impedir el tránsito de migrantes, el país enfrenta un aumento en la precarización y vulnerabilidad de miles de personas que quedan varadas.
El endurecimiento de las políticas migratorias desde el gobierno de Donald Trum ha convertido a nuestro país en un territorio donde miles de migrantes podrían quedar atrapados sin empleo, sin acceso a servicios básicos y expuestos a redes criminales que lucran con su desesperación; pero la Secretaría de Gobernación y la Defensa Nacional, han activado una serie de acciones gubernamentales, que incluyen refugios y acceso a programas sociales de bienestar.
Países como Guatemala, Honduras y El Salvador dependen en gran medida de las remesas enviadas por sus ciudadanos en Estados Unidos. Un endurecimiento de la política migratoria afectará directamente estos ingresos, lo que genera mayor pobreza y aumenta la necesidad de emigrar.
En México, los ingresos por remesas representan una fuente clave de estabilidad económica para muchas familias. De acuerdo con cifras del Banco de México, en 2023 las remesas alcanzaron un récord histórico de 63 mil millones de dólares. Un freno en los flujos migratorios o un incremento en las deportaciones podría afectar estas transferencias, impactando directamente en la economía nacional.
Los estados más dependientes de estos ingresos, como Michoacán, Jalisco y Guanajuato, podrían enfrentar crisis económicas ante la reducción de los envíos de dinero desde los Estados Unidos.
Con las nuevas restricciones impuestas por Donald Trump, las deportaciones aumentarán significativamente. Miles de personas serán devueltas a México y Centroamérica, muchas de ellas sin redes de apoyo o posibilidades de reinserción laboral.
Ante este panorama, los países de América Latina ya impulsan una postura conjunta. El canciller mexicano ha resaltado que la crisis migratoria no puede tratarse como un problema bilateral entre México y los Estados Unidos; por el contrario, ha señalado que esto es, “un asunto regional que requiere coordinación y estrategias compartidas”.
México, como puente entre América Latina y Estados Unidos, lidera la oportunidad de unir esfuerzos diplomáticos para establecer mecanismos de protección para los migrantes y exigir un trato más humano.
Punto Cero
En la víspera, un juez penal federal dictó medidas jurídicas en contra de Edmundo Hernández Armas, quien quedó evidenciado de recibir una compensación económica para orquestar una campaña de amenazas y difamación en contra del periodista -y activista de los derechos de la comunidad Maya- Pedro Canché. Además, quedó confirmado que, con publicaciones en redes sociales, Hernández Armas exhibió fotografías del domicilio del comunicador, al tiempo de hacer un llamado a diversos integrantes de grupos delincuenciales a visitarlo para amedrentarlo.
*Periodista | @JoseVictor_Rdz
Premio Nacional de Derechos Humanos 2017