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Columnas
El nuevo libro de Levitsky y Ziblatt, “Tiranía de la Minoría” es un catálogo extraordinario de nuevas clasificaciones politológicas y hasta políticas que llaman a reflexión, para un mejor análisis, diagnóstico y taxonomía del momento democrático global, tan lleno de desafíos y presagios.
En el Capítulo 2, La Banalidad del Autoritarismo, denuncian que los políticos y las políticas desleales con la democracia ayudan a suprimirla cuando ejercen “rudeza constitucional” (Constitutional Hardball), que definen como la conducta política de acatamiento de la letra de la ley (en este caso, la constitución) pero en realidad dirigida a minar su espíritu. Es decir, el uso del Derecho en general como arma política.
Crean 4 categorías de esta desleal democrática. En primer lugar, el aprovechamiento o la toma de ventaja de lagunas y antinomias jurídicas. Ejemplifican con la resistencia del Senado norteamericano de 2016 a realizar audiencias en comisiones para escuchar al juez federal Merrick Garland, propuesta del Presidente Obama para Ministro de la Suprema Corte. Es decir, no rechazaron la propuesta, simplemente no la conocieron, pero esa omisión le permitió al Presidente Trump proponer en 2017 a su propio candidato a la Corte, Neil Gorsuch, al inicio de su mandato. No se violentó la constitución, pero se pervirtió políticamente una imprecisión constitucional.
En segundo lugar, el uso de reglas constitucionales de excepción como si fueran ordinarias. Refieren las figuras jurídicas del perdón constitucional, la declaración del estado de emergencia y la remoción del ejecutivo nacional. Ejemplifican con Perú, cuya constitución dispone como causa de remoción del Presidente la “incapacidad moral”, que no está claramente acotada en una definición normativa precisa. Nos recuerdan los casos de los presidentes Kuczynski (2018), Vizcarra (2020) y Castillo (2022), cuyos cargos fueron declarados vacantes por conductas “éticamente objetables”. Resumen: Tres presidentes removidos en solo 4 años.
En tercer lugar, la aplicación selectiva de la ley. Reportan que cuando el incumplimiento rutinario de la ley es lo que priva, la aplicación y las sanciones pueden ser utilizadas como arma política. Ejemplifican con Putin al inicio de su mandato en el año 2000, cuando reunió a 22 oligarcas rusos que por años se habían enriquecido enormemente mediante corrupción, evasión y elusión de la ley. Les dijo que si no se metían en política, todo seguiría igual, pero que le iría muy mal a quien incumpliera el acuerdo. Es decir, les aplicaría el derecho como arma política.
Finalmente, el llamado Lawfare, que es, según los autores, cuando se crean nuevas normas al parecer objetivas e impersonales, pero que en realidad están diseñadas para atacar a personas de la oposición. Ejemplifican con Zambia, cuyo congreso modificó en 1991 la constitución nacional para rigidizar los requisitos para aspirar a la presidencia, dejando fuera a un expresidente que estaba aspirando legítimamente a la reelección.
@ElConsultor2