El pasado 27 de octubre el INEGI publicó un comunicado sobre su Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2022, éste contiene información importante que vale la pena tener presente.
Por ejemplo, señala este Organismo Constitucionalmente Autónomo [OCA] que al cierre del 2021 había 5 322 órganos y de éstos el 69.9% fueron órganos jurisdiccionales y el 30.1% órganos o unidades administrativas. Asimismo, nota un aumento del 2.9% respecto del 2020.
Si nos preguntamos qué materia es la que más atienden los órganos jurisdiccionales de los estados, señala el INEGI que fue la penal con 1 713 órganos. Notando un aumento de órganos del 15.7% respecto del 2020. Por otro lado, se encuentra la materia civil con 1 550 y mercantil con 1 473; ambos del 2021.
El comunicado también da cuenta que al cierre del 2021 los plenos de los órganos que conformaron los poderes judiciales estatales se integraron por 756 personas magistradas y consejeras, de éstos sólo el 37% eran mujeres y el resto (63%) hombres. Por lo que, se nota aún desigualdad en esta materia.
Respecto del presupuesto, en el 2021 los poderes judiciales, acorde a lo que señala este OCA, reportaron un presupuesto ejercido de 42 089 915 878 pesos, de éste el 53% correspondió a órganos jurisdiccionales; el 27.8% a órganos administrativos o unidades administrativas y 19.2% no se especificó el tipo de órgano. Así, advierte el INEGI que, en comparación con 2020, el total del presupuesto ejercido aumentó un 6.8%, siendo la Ciudad de México la que más presupuesto tuvo (6 454.8 millones de pesos) y Colima el que menos (243.2 millones de pesos).
Finalmente, podemos destacar que, acorde con este OCA; en el 2021, los poderes judiciales estatales publicaron en sus sitios web 451 939 sentencias. Asimismo, advierte un aumento del 228.9% respecto del año pasado. Así, en la primera instancia hubo 361 392, en la segunda 101 508 y, finalmente, 2 933 respecto de ejecución de sentencias.
Estos datos son relevantes para entender mejor la cantidad de asuntos y presupuesto que tienen los poderes judiciales estatales para hacer frente a su tareas relacionadas con la impartición de justicia. Ojalá que cada vez sean mejores sus condiciones y así se puedan atender con mayor recursos y personal las cargas de trabajo.