Dentro del marco de la reforma judicial que está en marcha el presidente
Andrés Manuel López Obrador puso la vara alta para los interesados en llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Sugirió los nombres de Ignacio Morales Lechuga y Diego Valadés.
Seguramente conoce muy bien la trayectoria de cada uno, de otra manera no se hubiera atrevido a citarlos.
Los dos juristas y practicantes del ejercicio de la libertad de expresión, críticos con un lenguaje pulcro sin injuriar a nadie. Ignacio agradeció la propuesta presidencial y se descartó para competir por un lugar en la Corte.
Prefiere su misión como notario y no está de acuerdo con la iniciativa porque desde su punto de vista afectaría a la justicia y al control constitucional. Diego ha reservado su respuesta, al menos públicamente, aunque por sus artículos es sabido que está en contra de la elección popular de jueces, magistrados y ministros, ante la posibilidad de que sean contaminados por intereses partidistas.
Ambos han vivido episodios álgidos para el país. Diego era procurador General de la República cuando mataron a Colosio y hasta la fecha nadie lo acusa de haber cometido alguna irregularidad en la parte de la investigación que le tocó llevar a cabo. Ignacio, como procurador General de Justicia del Distrito Federal, detuvo personalmente a José Antonio Zorrilla Pérez. Lo convenció de soltar el arma y entregarse para enfrentar la acusación de ser el autor intelectual del asesinato del periodista Manuel Buendía.
Morales Lechuga también es analista jurídico. Abierto a dar su opinión cuando se la piden en cualquier caso y sin ánimo de lucro, solo con el afán de contribuir a que prevalezca la justicia, como lo hizo en el proceso penal de la francesa Florence Cassez y lo hace en la persecución jurídica que sufre desde 2012 un periodista mexicano.
-¿Cuánto le pagas a Morales Lechuga?- preguntó el político sonorense Manlio Fabio Beltrones (interesado en el tema) al periodista.
-Ni un centavo, no tendría dinero para pagarle, me ayuda porque está consciente de que se ha cometido una injusticia- fue la respuesta.
Por todo esto y más, por lo que han hecho y hacen estos dos juristas, no fue casual que el presidente los mencionara en la “Mañanera”.
Los puso de ejemplo para que con esas características sean seleccionados quienes se pondrían a consideración del voto del pueblo.
Ese nivel de juristas quiere ver el presidente en la Corte, con auténtica vocación para impartir justicia, respetables, honestos, imparciales, éticos y con los grados académicos necesarios para trabajar en el máximo tribunal.
Ya se encargará la sociedad de escudriñar la trayectoria de aspirantes, asegurarse de su imparcialidad e independencia.
Es alta la vara puesta por el presidente López Obrador al referirse a la renovación del poder judicial.
Ya vimos que, en la integración del gabinete de Claudia Sheinbaum, la vara puede quedar igual o subir más. Ella, en sus primeros nombramientos ha dejado ver con toda claridad que privilegia la calidad y la experiencia.
Hay ánimo de buscar servidores públicos acreditados.
Ni duda cabe que México cuenta con cuadros valiosos en todos los ámbitos, así que en el caso de la Corte hay que esperar que lleguen personajes con similares o mejores aptitudes que Morales y Valadés.
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