¿De qué va lo de la reforma eléctrica?

La infodemia en el caso de esta ley es doble, porque de suyo es una materia muy técnica, que pocos entienden, repleta de terminajos sacados de una mesa de dominó de estudiantes de ingeniería. Supongo que la idea, en parte, es que no se entienda, para que sea un asunto de los expertos. No importa que todos sepamos si la luz nos llega cara o barata, si se suspende el suministro o no. Pero además de eso, ya las partes interesadas nos acostumbraron a una estridencia infantil: de un lado, en la propia exposición de motivos de la reforma se insiste en un lenguaje propio de libro de texto gratuito, hablando del “periodo neoporfirista” y de que las subastas eléctricas son una “perversa maquinación” para saquear a México.

El CCE ha señalado que se trata de una “expropiación indirecta”, quizás el término más absurdo que han acuñado este sexenio, que ya es decir. No hay nada más definitivo y categórico que un decreto expropiatorio; es el despliegue de la supraordinación estatal por antonomasia. Hablar de que puede haber una “indirecta” es tan estúpido como hablar de un “impuesto voluntario” o un “encarcelamiento simbólico”. Estas cosas primigenias del poder político, o son o no son.

El problema es que la CFE está en una situación de fragilidad financiera, como siempre, pero la reforma energética del sexenio pasado, que era una apuesta interesante, no salió bien. Muy a la mexicana, los “inversionistas” que obtuvieron permisos y certificados energéticos, ni invirtieron ni les preocupó generar más energía; como si fueran placas de taxi, se dedicaron a comercializar sus permisos para dar energía a socios por debajo del precio de mercado. Los incentivos para estas nuevas inversiones, además, se tradujeron en contratos en los que la CFE les subsidia y regala energía. Y todos usan para distribución, también sin cargo, la red de distribución de la Comisión, porque es la que hay. No parece justo. Pero noto dos problemas en esta ley: el primero, que para alinear a los órganos reguladores a la política de la Sener es insuficiente, pues de entrada tiene problemas de constitucionalidad, por lo que es probable que todo mundo se ampare y la ley quede, en los que respecta a los compromisos adquiridos, como letra muerta. El segundo, que si los particulares optan por un arreglo, las indemnizaciones rondan - dicen - por los 20 mil millones de pesos. Y nosotros sabíamos que no había dinero ni para vacunas caras, mucho menos para esto. No está fácil.