¿El rostro de la seguridad pública?

Al cumplirse el primer año desde la reforma constitucional que colocó la inteligencia en el centro de la política de seguridad pública, México encara una transformación profunda en la manera de combatir el crimen organizado. La iniciativa impulsada por la mandataria Claudia Sheinbaum Pardo sienta un precedente para redefinir la estrategia gubernamental, situando a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) como un actor clave en inteligencia e investigación.



La modificación al artículo 21 constitucional faculta a la SSPC para asumir nuevas atribuciones que fortalezcan la coordinación entre los órdenes de gobierno y las fiscalías locales. Este entramado legal se acompaña de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley de la Guardia Nacional y la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, que consolidan un marco robusto para enfrentar la delincuencia y la impunidad.



Así, la articulación institucional adquiere una dimensión inédita con la creación de un registro nacional que se actualiza diariamente. Este mecanismo agiliza la respuesta ante la comisión de delitos y establece una vinculación directa con el Sistema Nacional de Inteligencia. De esta forma, se espera optimizar la prevención y persecución del crimen con base en información confiable y oportuna



Sin embargo, delitos de alto impacto, como la extorsión, representa un aumento alarmante que el Congreso de la Unión deberá atender con urgencia en el próximo periodo legislativo. Las cifras revelan un crecimiento del 57.62 por ciento en el promedio diario de casos desde 2018 hasta enero pasado, concentrándose en entidades como México, Guanajuato, Veracruz y Nuevo León. La región mexiquense acumula un tercio de las víctimas, lo que obliga a una respuesta legislativa coordinada.



La iniciativa presidencial para reformar el artículo 73 constitucional propone facultar al Congreso para expedir una legislación general que unifique el tipo penal y las sanciones por extorsión. Y es que, la ausencia de armonización jurídica ha generado una disparidad en las penas, que oscilan entre cuatro años y medio y doce años, generando incertidumbre y dificultando la aplicación de justicia.



Esta homologación de sanciones fortalecerá la coherencia del sistema penal y facilitará la colaboración entre las instituciones de seguridad. El uso de tecnologías y la inteligencia informática serán pilares en la investigación y sanción del delito, lo que permitirá una actuación más eficiente y coordinada.



Por otra parte, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública garantiza que la información fluya de manera confiable y actualizada, mientras que el Consejo Nacional de Seguridad Pública supervisa el cumplimiento de responsabilidades por parte de entidades federativas y municipios. Además, tiene la facultad de suspender aportaciones federales a quienes incumplan acuerdos que afecten a la ciudadanía.



Además, la Guardia Nacional, conformada por personal militar y adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional, ha reforzado su papel en la seguridad pública federal. Opera bajo estrictos criterios de respeto a los derechos humanos y los tratados internacionales, recolectando únicamente información pública y evitando cualquier violación a la privacidad.



En este marco, la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública será la piedra angular de esta nueva política. Su sistema integral de inteligencia y bases de datos digitalizadas permiten compartir y actualizar información clasificada, desde detenciones hasta medidas cautelares y datos de personas sentenciadas.