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Columnas
En 2024 la ministra Norma Piña no participó en la ceremonia de aniversario de la promulgación de la Constitución, mandó en su lugar a su compañero Alberto Pérez Dayán, el mismo que rompió el bloque de ocho ministros que parecía conseguiría frenar la reforma judicial.
Tampoco ahora existe la mejor relación entre los poderes como para que viaje el próximo 5 de febrero a Querétaro. El poder judicial que encabeza no ha dejado de buscar descarrilar el proceso de elección de juzgadores programado para el 1 de junio.
Hay acciones, amparos y suspensiones que han intentado desde entorpecer el trabajo legislativo, atemorizar y parar el desempeño del organismo electoral hasta ordenar a la titular del Ejecutivo retirar del Diario Oficial de la Federación la publicación de la reforma.
La ministra Piña, así como algunos ministros y otros juzgadores, quieren conservar privilegios, seguir recibiendo beneficios de fideicomisos; mantener interrumpido el trabajo de su Comisión de Evaluación en perjuicio del derecho a participar de tres mis abogados en la elección de junio; y conservar el nivel de sus ingresos a costa de reducir percepciones de los trabajadores.
La elección va porque es mandato del pueblo y porque la misma Constitución protege la reforma judicial, ha sido la respuesta de los poderes Ejecutivo y Legislativo.
A pesar de lo que la ley suprema indica, hay jueces y juezas que siguen emitiendo recursos jurídicos, sin que nadie dentro del propio poder judicial les advierta que han tomado el camino erróneo.
Se supone que el Consejo de la Judicatura Federal tiene la responsabilidad de vigilar el desempeño de juzgadores, pero no parece haberse dado por enterado y mucho menos intervenido, quizás porque la misma persona preside la Corte y la Judicatura. Es juez y parte.
Argumentan que las suspensiones se acatan y que la ley establece los caminos para combatirlas, que no pueden ignorarse o desatenderse. Lo que no dicen es que al emitirlas vulneran la Constitución.
En ese contexto, con una actuación contraria a la Constitución, sería un despropósito que la ministra Norma Piña fuera a Querétaro al acto conmemorativo de la promulgación de la Constitución.
Quizás, como lo hizo en 2024, mande a otro u otra en su lugar.
2023 fue el punto de quiebre cuando la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el acto que por tradición se lleva a cabo en el Teatro de la República de Querétaro, rompió el protocolo al quedarse sentada y no ponerse de pie como lo hicieron los demás servidores públicos en el momento que ingresaba el presidente Andrés Manuel López Obrador.
A través de Twitter, ese mismo día el vocero presidencial Jesús Ramírez Cuevas acompañó su texto con una foto en la que están todos de pie, menos la ministra Piña.
“Resulta desafortunado que no todos respetaran el protocolo de la ceremonia”, escribió el comunicador.
A partir de entonces se hizo público el distanciamiento. Las diferencias entre poderes se acentuaron. La Corte echó abajo varias reformas aprobadas por el legislativo y propuestas por el ejecutivo.
En 2024 el presidente López Obrador tampoco fue a Querétaro. Decidió utilizar el día para presentar en Palacio Nacional las reformas constitucionales, incluyendo la judicial, que ya aprobaron diputados y senadores en la actual legislatura.
Norma Piña perdió la batalla: en agosto deja de ser ministra y ministra presidenta de la Corte.
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