# "Nos están matando"

Columnas miércoles 04 de marzo de 2026 -

La violencia en México no distingue entre quienes buscan justicia y quienes la niegan. A la vergonzosa lista negra se agrega el nombre de Rubí Patricia Gómez Tagle, de 35 años, integrante del colectivo de madres buscadoras “Corazones Unidos por una Noble Causa”, asesinada en su casa de Sinaloa. Otra historia de las buscadoras, víctimas de la impunidad que las desgasta y las enferma todos los días.

De acuerdo con un reporte de Amnistía Internacional el 97% de las mujeres buscadoras ha sufrido violencia al investigar el paradero de sus seres queridos, incluyendo amenazas, extorsión, ataques, desapariciones y asesinatos o intento de asesinato. La labor de búsqueda de los desaparecidos está marcada por el riesgo y quienes la realizan son, en su mayoría, mujeres.

En un país donde más de 130 mil personas han sido reportadas como desaparecidas desde que existen registros oficiales, con casos sin resolver que destrozan familias y comunidades, las madres que se levantan para buscar a sus hijos enfrentan una violencia sistemática que ha llegado hasta el extremo de perder sus vidas.

Desde el inicio del actual gobierno, organizaciones como Artículo 19 han contabilizado al menos 14 agresiones graves contra madres buscadoras, de las cuales seis han sido desapariciones sin rastro y ocho asesinatos.

Esta estadística aterradora no es un accidente ni un dato aislado: refleja un patrón de violencia y omisión. En Sinaloa, Rubí Patricia Gómez-Tagle, madre de un joven desaparecido, fue hallada asesinada en su domicilio, justo durante una visita oficial de la presidenta Sheinbaum.

Pero la lista de sangre no comienza ni termina aquí. En Jalisco, Teresa González Murillo, madre buscadora de su hermano desaparecido, fue asesinada a tiros en abril de 2025 mientras realizaba su labor de búsqueda comunitaria; su caso fue minimizado por autoridades que pretendieron desligar su muerte de su activismo. Poco antes, María del Carmen Morales, también madre buscadora, fue asesinada junto a uno de sus hijos.

Esta violencia no es casual. Las madres buscadoras trabajan en zonas controladas por el crimen organizado, donde fiscalías y sistemas de seguridad han fallado repetidamente en brindar información, protección o resultados.

Las madres buscadoras, se convierten en policías, forenses e investigadores para encontrar a sus desaparecidos, mientras el Estado delega su responsabilidad constitucional en civiles desarmados.

El mensaje es brutal: buscar a un desaparecido en México puede costar la vida. No es retórica, es la experiencia registrada de mujeres que, movidas por el amor a sus hijos, han sido objeto de homicidios, desapariciones, amenazas y desplazamientos.

Ante esta realidad, el silencio gubernamental no solo es indignante, es cómplice. Decir que se trabaja para proteger a estas mujeres mientras el número de víctimas aumenta es negar la evidencia, el dolor y la dignidad de miles de familias.

Así las cosas, México debe reconocer que la protección de derechos humanos no es opcional, y que la seguridad de quienes buscan verdad y justicia debe ser una prioridad, no un discurso vacío.

@guillegomora