Columnas
El día de ayer, miércoles, se dio inicio al paro de actividades del poder judicial, donde seguramente más de uno criticará y vapuleará a los trabajadores, llamándolos traicioneros y borregos, por el hecho de defender sus derechos.
Los hechos que hoy presenciamos no derivan de un acto ilegítimo de todos aquellos que laboran dentro del poder judicial, ya sea como administrativos o como parte del cuerpo judicial. Todos y cada uno de ellos han hecho carrera dentro del sistema conforme a lo que establece la Ley, la cual contempla el mérito y el concurso de oposición como factores condicionantes para ascender. Sin embargo, durante la actual administración federal, esta cuestión se ha minimizado bajo el contexto de que más vale un 90% de honestidad y un 10% de experiencia, según los cambios que los diputados realizaron a la iniciativa presentada el pasado 5 de febrero por el Ejecutivo. Estos cambios eliminaron el requisito de experiencia para poder ser postulado en las elecciones de jueces, ministros o magistrados del poder judicial, socavando la especialización y la carrera profesional de miles de jurisconsultos que han dedicado su vida a la impartición de justicia.
Si bien existen muchas voces que opinan que se debe realizar una reforma al poder judicial, y de ahí lo que hoy vivimos, también hay otras que sugieren que se debe ir más allá, hacia una reforma integral del Estado. Esta reforma debería abarcar el sistema de elección de diputados y senadores, modificando los artículos 55 y 58 constitucionales, exigiendo estudios mínimos, conocimiento pleno de sus atribuciones y facultades, así como limitaciones en su quehacer político. Todo esto permitiría que tengan independencia de pensamiento y actuación, y no sean un apéndice del poder ejecutivo, creando las reglas esenciales para el desarrollo nacional que otorguen certeza jurídica a los ciudadanos y a las empresas generadoras de empleo y riqueza nacional.
El día de ayer, la Secretaría de Gobernación presentó las boletas para las elecciones de aquellos que se encargarán de impartir justicia en 2025 y 2027, conforme a las propuestas realizadas, asumiendo atribuciones que hasta hoy no le han sido conferidas, ya que existe un órgano autónomo encargado de realizar las elecciones y consultas con fundamento en el artículo 41 constitucional. ¿O acaso la Secretaría de Gobernación sabe algo que se está cocinando en lo oscurito? ¿Será acaso la desaparición del INE como lo conocemos actualmente?
La Lic. Claudia Sheinbaum, como presidenta electa, se encuentra en una gran disyuntiva, ya que la agenda nacional no la ha dejado de dictar el actual inquilino del Palacio Nacional. Aunque está en su derecho de hacerlo, por cuestiones de transición debería dar un espacio más amplio para que las líneas de gobierno del próximo sexenio sean presentadas por el equipo del 2024-2030. Muchos podrán minimizar las acciones y decir que no pasa nada, pero la realidad es otra, como se puede observar en la modificación de la tan mentada propuesta para la transformación del poder judicial, que, con solo un comentario en la mañanera, provocó el remiendo a la propuesta original, eliminando los cinco años de experiencia que contenía el citado documento. Ella debe ver más allá, ya que no solo representa un movimiento, sino la ascensión al máximo poder de las mujeres, creando un nuevo paradigma de pensamiento que debe estar dirigido al progreso y no a la subvención de los ciudadanos.
El país está fragmentado, y la única que podrá cambiar la política de división es ella, ya que, si bien existe un 36% de electores que confían en su proyecto, también hay un 24% de minoría representativa y un 40% de ciudadanos indiferentes que, aunque no votaron, exigirán servicios de infraestructura y seguridad, al igual que los demás.
México se transforma y no necesariamente a favor de la mayoría, conforme a lo que se observa todos los días. Por lo tanto, es necesario realizar un consenso nacional que involucre a todos los sectores y despierte a aquellos que son indiferentes a la realidad nacional.
Javier Agustín Contreras Rosales. Colaborador de Integridad Ciudadana AC, Contador Público, Maestro en Administración Pública @JavierAgustinCo @Integridad_AC