¿Qué sigue después de la Ley General de Archivos?

Columnas miércoles 01 de junio de 2022 -

El próximo 15 de junio se cumplirán cuatro años de la entrada en vigor de la Ley General de Archivos (LGA), si bien pareciera un tiempo suficiente y considerable para haber homologado los tres órdenes de gobierno con la Ley, la realidad dista mucho de ello.

De acuerdo con el mapa de armonización local de la LGA, publicado en la página del Archivo General de la Nación, hasta febrero de este año 21 estados han armonizado sus leyes estatales, únicamente 6 de las 32 entidades del país han instalado su Consejo Estatal de Archivos y 11 estados aún se encuentran pendientes de aprobar sus proyectos de ley ¿por qué ha tardado tanto en homologarse una norma que ha sido tan necesaria desde la existencia de la administración pública?

La respuesta puede ser tan sencilla como compleja, la implementación de las leyes cuesta y es que regular la materia de archivos implicaba a su vez una reforma administrativa, toda vez que debía considerar algunos aspectos más relevantes tales como:

• Los archivos de las 32 entidades federativas deben ser un espejo fiel del Archivo General de la Nación considerando su capacidad humana, financiera y material.

• Los sujetos obligados deben considerar los archivos que generan en sus anteproyectos de presupuesto institucional.

• La implementación e innovación tecnológica para la correcta gestión documental integral de aquellos documentos electrónicos generados por las dependencias.

• La creación de fondos económicos por entidad federativa que permita atender a cabalidad las necesidades de los archivos que resguardan las instituciones.

• La consolidación de Sistemas Institucionales de Archivo de los sujetos obligados que cuenten con estructuras materiales, financieras y humanas que puedan atender las carencias institucionales.

• La resignificación de la archivística como una ciencia, que implique un reconocimiento, profesionalización y capacitación constante de las personas servidoras públicas al frente de los archivos en las dependencias.

Cabe señalar, recientemente la LGA tuvo su primera reforma, en la cual se adicionó una atribución más al Archivo General de la Nación, que consiste en “difundir y proyectar el derecho a la memoria de la Nación, en coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal”. Una atribución más que deberá ser cubierta con presupuesto suficiente no sólo para la capacidad técnico-operativa del AGN sino también para poder ejecutar una política nacional que garantice el derecho a la memoria.

De lo anterior, la LGA en su entrada en vigor pudo parecer ambiciosa y hasta utópica en comparación con la situación de los archivos del país, no obstante, la norma establece los mínimos necesarios con los que cualquier administración pública debe contar y para seguir avanzando, su éxito sólo será posible en la medida que logren equilibrarse y retroalimentarse los tres poderes y niveles de gobierno, así como el grado de conciencia y sensibilización que desarrollen los actores en cada ámbito de su competencia.

A cuatro años de la entrada en vigor de la ley, frente a la omisión para atender las necesidades más elementales respecto del resguardo de la información de interés público, se debe retomar la constante coordinación e interacción de los niveles y poderes de gobierno y destinar el presupuesto necesario para la creación de edificios con las condiciones adecuadas, tanto para los documentos administrativos como históricos; sólo así, la correcta organización, preservación y conservación de los archivos institucionales de todo el país permitirá mejorar la calidad de la información que se entrega al ciudadano cuando ejerce su derecho de acceso a la información.

Por ello, se requiere de políticas públicas integrales en materia de archivos que evidencien la situación de los archivos del país y erradiquen el olvido constante hacia memoria institucional, además de considerar la rápida implementación y uso de las nuevas tecnologías para pasar del soporte físico al electrónico.

Hoy más que nunca, el gobierno necesita coordinar a todo el conjunto de instituciones que lo conforma para ejecutar las acciones necesarias y contribuir a la libre circulación de la información de interés público; por lo anterior dicha tarea le corresponde a la administración pública, la cual comprende la totalidad de organismos del Estado que se encargan de generar, organizar y resguardar información.

El reto que queda aún es grande: visibilizar una problemática que cuesta al Estado mexicano y que no sólo cobra factura con erario sino también con la memoria histórica.

Laura Ingrid Escalera. Politóloga por la UAM, con estudios especializados en temas de archivo, así como en el desarrollo de políticas públicas de inclusión de personas con discapacidad. @Ingrid_Escalera

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