ADIÓS A LOS ORGANISMOS CONSTITUCIONALMENTE AUTÓNOMOS

A Encarnación Juárez Rodríguez, Tlahuicole de Ixtlacuixtla Tlaxcala. Que Dios Guarde. Magdiel Gómez Muñiz @magdielgmg

La iniciativa del Presidente de la República para modificar diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) en materia de simplificación orgánica tiene como objetivo reestructurar el Estado mexicano, eliminando o reformando varios órganos autónomos para lograr una administración pública “más eficiente y menos costosa”. Entre los cambios significativos destacan los relacionados con el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales.

Uno de los puntos clave es la extinción del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). La propuesta sugiere eliminar este organismo autónomo y transferir sus competencias a otros entes. Los sujetos obligados deberán promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales, tal como ahora sucede; pero las competencias para la protección de ambos derechos serán asumidas por los órganos internos de control y vigilancia en los ámbitos federal y local.

Desde una perspectiva politológica, esta propuesta presenta varias implicaciones. La reasignación de competencias a órganos internos de control y dependencias del Ejecutivo podría limitar la transparencia y la rendición de cuentas, ya que estas entidades pueden estar sujetas a presiones políticas, lo que compromete seriamente la autonomía de las dependencias que, a la postre, se encargarán de “proteger” derechos fundamentales.

En este contexto, lo único cierto es que, la centralización del poder en el Ejecutivo Federal puede ser vista como un retroceso en los avances logrados en materia de transparencia y acceso a la información, y genera una percepción de control político sobre derechos ciudadanos cruciales.

Voces sostienen que, aunque la iniciativa busca una administración pública más eficiente, es fundamental evaluar si esta eficiencia administrativa se traduce en una mayor eficacia en la protección de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales. La experiencia de otros países muestra que la independencia y especialización de los organismos encargados de estos derechos son esenciales para su efectiva protección.

Un análisis detallado y una discusión amplia sobre estas implicaciones son esenciales para garantizar que cualquier reforma estructural no socave los principios democráticos y los derechos ciudadanos, pues preocupa no solo la transferencia de competencias a la Secretaría de la Función Pública y contralorías locales, que pueden estar sujetas a influencias políticas, podría comprometer la independencia en la protección de derechos, sino además, que el proceso de armonización de leyes y la transferencia de funciones puede ser complicado y generar vacíos temporales en la protección de derechos, y a ello se suma que la eliminación de los organismos especializados pone en entredicho la verdadera voluntad de transparencia del gobierno.

Indirectamente con estas modificaciones constitucionales, los Órganos Internos de Control, serán los “nuevos chicos del barrio” en materia de transparencia que decidirán quién juega en la cancha, lo que traerá consigo tanto oportunidades como desafíos significativos. Será crucial que las nuevas leyes generales proporcionen un marco sólido que asegure la independencia, eficiencia y efectividad de los OIC en el cumplimiento de sus nuevas funciones, protegiendo así los derechos fundamentales de los ciudadanos. Al tiempo.