AMLO va por Corte

El Presidente Andrés Manuel López Obrador propuso una reforma al Poder Judicial, el proyecto planteado por el Ejecutivo busca la elección por medio del voto popular de los Ministros, Magistrados y jueces. La reforma propone que los candidatos sean propuestos por el Ejecutivo, el Congreso y el Poder Judicial.

La reforma busca que la Corte, reduzca el número de ministros, el pleno pasaría de 11 a 9 integrantes, la duración del encargo también cambiaría, el periodo de los ministros de 15 a 12 años y serían renovados en elecciones escalonadas, cada tres años.

La reforma multicitada viola la Constitución, la democracia y sobre todo busca vulnerar el equilibrio de poderes. El presidente busca destruir al poder judicial, al politizarlo con este tipo de manera de elección de los integrantes del poder judicial.

La propuesta que los magistrados y ministros sean elegidos por voto popular, nos llevaría a la politización del poder judicial. Si esta reforma prospera el poder judicial estaría integrado, por los más populares, y no por los más calificados, lo que sería en detrimento de los propios ciudadanos, necesitamos en el poder judicial a los mejores abogados, a los más preparados, y con una amplia experiencia en el poder judicial.

Además de lo anterior la reforma de ley, prohibirá a los integrantes del Poder Judicial dar suspensiones generales en leyes controvertidas y sancionar a los ministros que no resuelvan asuntos fiscales en seis meses. Lo que busca la reforma es que ninguna autoridad le corrija la plana al gobierno.

Justo la tarea de la Corte es la defensa de los derechos humanos de los ciudadanos aún en contra del gobierno, el sentido de esta iniciativa es que nadie pueda cambiar las decisiones del gobierno aun cuando sean ilegales, vamos en retroceso.

La reforma plantea la creación de dos nuevas instituciones, una de control interno, llamado Tribunal de Disciplina Judicial, y otro dedicado a la administración del Poder Judicial.

El nuevo Tribunal será el encargado de sancionar a los juzgadores federales e, incluso, tendrá la atribución de solicitar a la Cámara de Diputados el juicio político contra ministros de la Corte.

La propuesta parece una venganza contra el poder judicial, ya que se presenta tras quejas del Ejecutivo contra ministros y jueces que han revertido la aplicación de las leyes prioritarias de su Gobierno, ya sea por declararlas inconstitucionales o que en su aprobación se ha violado el debido proceso.

Con la reforma constitucional, López Obrador plantea dar amplias atribuciones al nuevo Tribunal de Disciplina para sancionar, hasta penalmente si es necesario, a los Ministros, Magistrados y jueces.

Señala que las sanciones que emita el Tribunal podrán incluir la amonestación, suspensión, sanción económica, destitución e inhabilitación de las personas servidoras públicas.

Los ministros serán una excepción, ya que sólo podrán ser removidos en los términos del título cuarto de la Constitución, que habla sobre responsabilidades de los servidores públicos. Agrega que las decisiones del Tribunal de Disciplina serán definitivas e inatacables.

El verdadero sentido de la reforma del Presidente es acotar la actuación de los Ministros, reducir su número, y someterlos a mayores medidas de disciplina.

Lo que busca la reforma es que los ministros y ministras sean empleados del Presidente, pero va en contra de lo que buscan los ciudadanos, la tarea fundamental de los ministros defiendan la Constitución aun en contra del gobierno.