De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) no existen pruebas suficientes para sostener las acusaciones de acoso en la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), luego de las denuncias de Giovanna Perales.
“Del análisis practicado al escrito y de la evidencia obtenida, se advirtió que no existen elementos que acrediten las violaciones a los derechos humanos, aunado a su negativa expresa a someterse a la prueba pericial en psicología ante este Organismo Nacional, a fin de poder continuar con la presente investigación y estar en posibilidad de allegarnos de elementos probatorios suficientes y poder valorarlos en su conjunto, de conformidad con los artículos 39 fracción III, IV y 41 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos”, se lee en el veredicto del expediente CDNH/6/2024/6129/Q, concluido desde el 28 de junio pasado.
El dictamen, firmado por la directora general encargada de despacho de la Sexta Visitaduría General, María del Carmen Ojesto Martínez, también subraya la falta de antecedentes de quejas formales por parte de Perales ante el Comité de Ética o el Órgano Interno de Control de Profeco. Esta falta de quejas previas cuestiona si realmente existió omisión en la atención de su reclamo por parte de la institución.
Además, en la investigación se destaca que Profeco, a través del oficio PFC/CGA/CE/ST/020/2024, reportó que no se encontró evidencia de acoso ni en archivos físicos ni digitales. También se señala que, tras solicitarse la prueba psicológica, Perales no volvió a comunicarse con la CNDH, lo que deja abierta la pregunta sobre su disposición a colaborar con la investigación.
David Aguilar Romero, titular de Profeco, desestimó los reclamos laborales de Perales, señalando que su relato no coincidía con los registros de la institución, al trabajar en la Dirección General de lo Contencioso y de Recursos como Jefa de Departamento "C" en un puesto eventual y al expirar su contrato en abril de 2023, Perales renunció voluntariamente, solo para ser contratada nuevamente en un puesto diferente dentro de la Coordinación General de Educación y Divulgación.
Sin embargo, las tensiones aparentemente surgieron cuando Perales fue informada de que su nuevo puesto podría ser ocupado por otra persona, lo que motivó su solicitud de ser reasignada a otra área para asegurar su empleo hasta finales de 2023. La situación generó fricciones, pero desde Profeco se afirma que se hicieron esfuerzos para mantener su estabilidad laboral.
“Una vez ya en el cargo de titular, le exigió que le ayudara a ser adscrita o comisionada a otra área para poder conservar su empleo hasta el 31 de diciembre de 2023, toda vez que el Coordinador Administrativo de la Coordinación General de Educación y Divulgación le informó que requerían realizar cambio y ocupar la plaza de confianza que ostentaba, pero buscarían la forma de reasignarla en otra posición. Por lo que, le comentó que vería la forma de apoyarla conforme a la normatividad administrativa aplicable”, se añadió en la carpeta de seguimiento.
A pesar de los intentos por reubicarla, Perales renunció nuevamente en enero de 2024, aunque aceptó un contrato por honorarios hasta marzo. Según la CNDH, Perales buscó que este contrato se extendiera hasta junio y, al no conseguirlo, habría recurrido a estrategias que incluían mensajes insistentes que podrían contravenir el Código de Ética de la institución.
Finalmente, la relación laboral entre Perales y Profeco terminó, junto con la de otros 25 empleados cuyo contrato también había vencido. La situación culminó en una demanda por parte de Perales, en la que exigía un contrato por honorarios con un salario de nivel de director de área y una indemnización por daños, bajo la amenaza de hacer público el supuesto acoso.
La CNDH, ante las posibles irregularidades administrativas, remitió el caso al Órgano Interno de Control de Profeco, dejando en manos de esta instancia la investigación de cualquier falta cometida.