Desde luego que la violencia electoral que se ha venido agudizando sexenio tras sexenio no puede ser desvinculada del contexto más amplio de violencia que vivimos en México desde el 2007, cuando se declaró la denominada guerra contra el narco por el presidente Calderón. Sin embargo, lo cierto es que desde ese año a la fecha el fenómeno ha tenido un incremento relevante y su incidencia es cada vez mayor en las elecciones.
¿Por qué el acuerdo para la protección de personas candidatas debe avanzar a una siguiente fase que abarque todas las aristas y partes intervinientes en el ciclo electoral? Porque basta con revisar el informe presentado por la Misión de Observación y Visitantes Extranjeros de la OEA para el proceso electoral 2021, así como otros informes elaborados por instituciones y organizaciones de la sociedad civil, para comprender que uno de los mayores retos de este proceso 2024 será la violencia ocasionada por ciertos grupos y el crimen organizado. Para muestra, podemos señalar que del proceso 2018 al 2021 la violencia contra aspirantes y candidaturas tuvo un incremento del 68%
Bajo esta línea, el acuerdo nacional por la integridad y seguridad de la elección 2024 debe combatir cualquier forma de intimidación o agresión física dirigida contra las partes interesadas en el proceso electoral, disuadir su interrupción, evitar daños materiales destinados a afectar la libre y transparente la realización del proceso y garantizar, en la mayor medida posible, que tales actos contrarios a la ley influyan en el resultado.
El acuerdo nacional debería ser articulado como un plan del Estado mexicano que incluyera la intervención del INE, el TEPJF, la FISEL, la CNDH, la SEGOB, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el Ejército y la Marina, así como a las autoridades competentes en las 32 entidades del país, el cual podría tener, entre otras finalidades:
- Comunicar de manera oportuna la información relacionada con la situación de violencia electoral y con el esclarecimiento de los hechos.
- Adoptar un sistema de protección para candidatas, candidatos y líderes políticos basado en criterios objetivos de evaluación del riesgo y asignación de mecanismos de protección. Lo anterior, con sensibilidad de los enfoques diferenciales de género y étnico.
- Implementar un sistema de alertas tempranas sobre violencia política, que funcione de manera permanente en la recolección y análisis de riesgos para la prevención de este tipo de violencia.
- Establecer espacios interinstitucionales para la evaluación de las alertas tempranas, el riesgo de violencia político-electoral y las medidas de protección, así como las inciddencias que pudieran tener un impacto en la validez de la elección por constituir causas de nulidad.