Si en cualquier reunión, ya sea familiar, de trabajo o entre amigos nos incomoda que una sola persona monopolice la conversación y crea que es la única que tiene la razón, ¿por qué permitir que la vida pública de México la monopolice una sola voz que nos diga qué hacer y qué pensar?
Respecto al poder legislativo, está en la agenda la eliminación de los diputados plurinominales, cuyo trabajo esencial ha sido representar a los grupos minoritarios. Sin duda la integración de las listas plurinominal se puede mejorar; por ejemplo que la ciudadanía pueda participar en la integración de la misma y no sean hechura de las cúpulas de los partidos políticos. Sin embargo, si prospera la eliminación total de las diputaciones plurinominales en México, representaría un retroceso de más de 50 años en nuestra vida pública. Esto pasará: un partido o grupo que tenga entre el 40 o el 50 cientos de los votos, podrá tener más del ochenta por ciento del Congreso de la Unión, o inclusive, todas las diputaciones o senadurías. Las diputaciones plurinominales corrigen la sobrerepresentación: que nadie gane todo ni que pierda todo.
Respecto a nuestro poder judicial, la propuesta que sea la propia ciudadanía quien elija a los jueces en las mismas elecciones donde se elija presidente o diputados, tendrá por resultado que sólo tengamos diputados con toga. Hoy a los jueces, en algunas parte del país se elijen con dedazo del gobernador en turno, pero a la mayoría se les elige mediante la presentación de exámenes de oposición: tiene la plaza quien demostró ser más competente. Tanto a nivel federal como local existe servicio profesional de carrera en el poder judicial, y por su puesto que hay corrupción y nepotismo documentado, pero estos problemas no se van a resolver con elecciones de jueces: se resolverán con transparencia en los procesos de selección del personal, en la que participen auditores externos e independientes al poder judicial que van a evaluar. Por ejemplo, si eres litigante en CDMX, no podrás ser auditor externo aquí, pero sí en Campeche, donde no tengas ningún conflicto de interés inminente.
Y de nuestro poder ejecutivo, qué decir. Ha sido demolido el servicio profesional de carrera. Es virtualmente imposible que una persona que ingresó a la administración pública pueda ascender a una subsecretaria o secretaria de Estado, porque es la lealtad del grupo político lo que te permitirá sobrevivir o ser despedido y perseguido, así seas analista o jefe de departamento. Probablemente sólo dos presidentes, Zedillo y Fox, tuvieron claro que era indispensable tener la administración pública repleta de cuadros técnicos y competentes en todas las áreas del gobierno. Pero desde entonces, la política de profesionalizar al gobierno fue perdiendo fuerza hasta llegar a donde hoy estamos.
Entonces, ¿qué deseamos? ¿personas profesionales en los juzgados y en el gobierno u obedientes al poder? Los contrapesos funcionan, son útiles y por ello debemos cuidarlos.