En diciembre de 2018, como resultado de las reformas constitucionales en 2014, se formalizó la creación de la Fiscalía General de la República (FGR), institución que sustituyó a la extinta Procuraduría General de la República (PGR). Como primer titular de esta nueva institución, en enero de 2019 se nombró a Alejandro Gertz Manero, propuesto por el entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador para un periodo de nueve años.
Un encargo que debía finalizar en 2028 ha terminado de manera súbita el 27 de noviembre de 2025, en medio de dudas y cuestionamientos.
La gestión de Alejandro Gertz Manero como fiscal fue duramente criticada debido al uso que dio a su poder para saldar venganzas personales, defender intereses propios y amendrentar a sus enemigos. En este sentido, no cabe duda de que el primer fiscal autónomo tuvo —por decir lo menos— un papel más que cuestionable.
De igual forma, su relación con el poder se transformó radicalmente: pasó de una cercanía que le garantizó una defensa presidencial y legislativa ante las acusaciones en su contra, a una relación abiertamente distante. En este primer año del nuevo gobierno, la falta de coordinación entre el Ejecutivo y la Fiscalía se hizo evidente, al punto de percibirse una confrontación directa.
En este contexto, la filtración de información sensible sobre casos como “El huachicol fiscal”, “La barredora” o el acuerdo con el dueño de Miss Universo, sirvió únicamente para tensar más la cuerda.
En indudable que Gertz Manero, por su desempeño, sus conflictos de interés y su desgaste político, dejó de ser un activo favorable para el proyecto de gobierno; por lo que su posible separación del cargo era más que justificada. Sin embargo, son las formas en las que ocurrieron los hechos las que obligan a cuestionar su abrupta salida.
De un día a otro y sin anuncio previo, se presentó una carta donde el fiscal informó que aceptaba la invitación de la presidenta Sheinbaum para ser embajador en un “país amigo”, sin especificar cuál. Es decir, aceptó irse sin saber siquiera su destino.
Esta carta se presentó en un escenario que bien podemos llamar de una “renuncia anunciada”. Varios medios y periodistas ya venían advirtiendo que el fiscal pronto sería removido por ya no ser considerado funcional para el régimen. A esta ola de rumores se sumaron una serie de sucesos que poco ayudaron a aclarar lo que pasaba: la reunión de la presidenta con el coordinador de los senadores, la supuesta existencia de una carta donde se solicitaba su renuncia y una convocatoria a una reunión extraordinaria del Senado.
Finalmente, en una tensa sesión, se anunció y admitió la renuncia. Aunque la ley establece que esta solo procede por “causa grave”, terminó aceptándose, entre otros argumentos, porque se reconocía que el funcionario “ya no quería continuar al frente”, como señaló un senador del Partido Verde.
Ahora, tras la renuncia —o separación, destitución o abandono o como guste verlo—, ha quedado provisionalmente en su lugar Ernestina Godoy, quien renunció a la Consejería jurídica de la presidencia para ser fiscal de control competencial, cargo que le dio Gertz antes de partir y gracias a lo cual, quedó facultada para sustituirlo en su ausencia.
Con este movimiento, la Presidenta tendrá al frente de la seguridad del país al mismo equipo con el que operó cuando fue Jefa de gobierno. Esto, en teoría, le garantiza continuidad y resultados, pero también abre la puerta a una nueva versión de lo que, durante el último sexenio priista, se denominó “el fiscal carnal”.
¿Estaremos ante la reedición de esta figura que tanto se criticó en el pasado?