Según información del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) el 15% de los asilos en México son públicos, pero el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) sólo permite revisiones a los asilos estatales privados lo que pone en riesgo de COVID-19 a los restantes.
De esta forma, el gobierno federal solamente tiene el control sanitario del 1.2% de las residencias para adultos mayores en el país.
La directora de atención geriátrica, Ana Luisa Gamble, dio a conocer que la última revisión fue de septiembre a diciembre de 2019 y se realizó a 300 asilos en 15 estados de México, en donde con la aplicación de la Norma Oficial Mexicana (NOM-031) se realizaron algunas recomendaciones.
Sin embargo, ni dicha norma, ni la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores obligan a los asilos a determinar una zona de aislamiento en caso de una pandemia como la del SARS-CoV-2.
La jefa de la Unidad de Atención e Inclusión Social del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Jaqueline Pardo Remo, señaló que no cuentan con la capacidad jurídica para revisar los asilos a nivel estatal, ellos mandan el protocolo, pero cada estado realiza sus propias revisiones.
Anna Lorena Sánchez
Información de El Universal
Imagen Archivo