En medio de un complejo panorama económico, el presidente Andrés Manuel López Obrador abordó, desde el año 2021, temas cruciales que han impactado directamente en el bienestar de la población. Desde Palacio Nacional, el mandatario asumió el compromiso de resolver dos cuestiones intrincadas: las pensiones calculadas en Unidad de Medida Actualizada (UMA) y el aumento del salario mínimo.
La propuesta de incrementar el salario mínimo tocó las fibras de equidad y justicia en un país donde las desigualdades persisten. López Obrador subrayó el rezago existente y la necesidad de ir más allá de incrementos superficiales, enfocándose en recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores. En este entramado, la promesa fue clara: llevar a cabo esta acción de manera gradual y realista, conscientes de las limitaciones presupuestarias.
Por otra parte, la ardua historia de las pensiones en México ha dejado a los jubilados en una posición frágil. La transición a la UMA en la fórmula de cálculo representó un revés para los beneficiarios, alejándolos aún más de un retiro digno. En ese contexto, el Presidente reconoció la importancia de resarcir este daño, prometiendo incrementos sensibles y continuos que reflejen la contribución de los trabajadores a lo largo de los años.
Al estrenar el año 2023, se registró un histórico aumento al salario mínimo, que, desde el inicio de esta gestión ha representado 44 por ciento de aumento; hoy, el salario mínimo diario asciende a 207 pesos. Esto se traduce en la certeza de que un trabajador recibe mil 52 pesos al mes por su labor. Al tiempo que, se han creado más de 3 millones de nuevos empleos durante esta administración.
No obstante, la lucha por el aumento salarial y las pensiones no puede separarse de la complejidad económica. Las promesas, aunque necesarias, deben sopesarse con la capacidad financiera del país. López Obrador hizo hincapié en la necesidad de asignar recursos del presupuesto para tales fines, afrontando la difícil tarea de equilibrar los gastos con los ingresos en un contexto de incertidumbre global.
En este recorrido hacia una remuneración y retiro más dignos, el mandatario señaló otro actor clave: los empresarios. La negociación con el sector privado para actualizar cuotas y, al mismo tiempo, reducir las comisiones de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) ha sido una apuesta audaz. Si bien se busca fortalecer el retiro de los pensionados, la interacción con los actores económicos también involucra un delicado juego de interés.
Los pensionados del ISSSTE y del IMSS exigen que sus pensiones sean calculadas en salarios mínimos, no en UMA. Esta lucha refleja la necesidad de considerar la realidad de cada sector en la construcción de políticas justas y equitativas. La UMA, si bien tuvo su justificación, no puede alejar a los jubilados de la capacidad adquisitiva que merecen. Sin duda es un tema que está pendiente por resolver.
Pero en este mismo sentido, llama la atención la declaración de López Obrador al prometer, este fin de semana, un nuevo incremento al salario mínimo en nuestro país que se verá reflejado durante los primeros días de 2024; acción de gobernanza que se apega al estándar que recomienda la Organización de las Naciones Unidas (ONU) dentro de su Declaración Universal de los Derechos Humanos.
*Periodista | @JoseVictor_Rdz