Por José Francisco Castellanos
En la conferencia de prensa del 27 de febrero de 2019, el presidente López Obrador reiteraría la importancia que para su movimiento político tuvieron las “benditas” redes sociales, expresando que: “—México— es un pueblo muy inteligente, muy avispado que no se deja manipular, que tiene capacidad para discernir, que tiene criterio y esto vino a apoyarse con las redes sociales, con las benditas redes sociales.” El presidente hizo énfasis en que gracias a las redes sociales tuvo la posibilidad, durante prácticamente una década, de criticar duramente a los gobiernos en turno, al tiempo de fijar su posición en los temas de relevancia nacional.
Al presidente López Obrador le acompaña toda la razón cuando dice que la libertad de expresión manifestada a través de las redes sociales es uno de los pilares esenciales de toda democracia, porque su impacto y alcance sobre las personas permite que oposiciones o disidencias políticas, colectivos, minorías o distintos sectores sociales que normalmente no eran escuchados mediante los medios de comunicación, que hasta hace décadas resultaban convencionales —radio, televisión y prensa— se posicionen en el debate público y sean considerados de manera relevante.
Como es natural, el ejercicio del poder ha desgastado al gobierno actual y cuando las tendencias de la crítica hacia éste comenzaron a ocupar un papel esencial en redes sociales, la idea de que las mismas eran benéficas pasó de: “las benditas redes sociales” a “hay que limpiarlas”, según lo expresó el propio mandatario en la conferencia mañanera del 6 de mayo de 2020.
La gota que derramó el vaso fue el bloqueo que el 21 de enero de este año realizó Twitter de las cuentas @Miriam_Junne, @LOVREGA y @ElReyTuitero, que se atribuyen a usuarios afines e impulsores potentes del gobierno de la República y la 4T. A partir de entonces, funcionaria(o)s del gobierno y legisladora(e)s del grupo parlamentario de Morena en el Senado han anunciado que establecerán una legislación en esta materia.
Celebro que se aborde este tema en nuestra democracia, sin embargo, de lo que han manifestado las y los actores políticos hasta ahora, la idea no es legislar para evitar el uso abusivo de la libertad de expresión que ofende la dignidad e incita al odio, las fake news que producen desinformación, la moderación de contenidos o el fortalecimiento de los derechos a la información y libre deliberación.
La propuesta es: establecer reglas que condicionen el funcionamiento de las empresas propietarias de las redes para que permitan su uso en los términos que políticamente se consideren más adecuados para los tiempos actuales de la democracia mexicana.
Parece que, las entonces “benditas” redes sociales son ahora “malditas” redes sociales y las empresas que tienen propiedad sobre ellas tendrán que permitir su uso con una orientación marcada desde el poder político de un movimiento que, al amparo de la libertad que ahora quiere modular, se vio beneficiado hasta alcanzar el poder.