Hace un par de años Nayib Bukele se autoproclamó en Twitter como como “el dictador más cool del mundo mundial”. Pues eso de cool, si de verdad alguna vez lo tuvo, ya lo ha perdido definitivamente y solo le queda, a secas, el epíteto de “dictador”. Su gobierno refleja las peores características de las dictaduras de antaño: represión generalizada, degradación de las instituciones, hostigamiento a los medios críticos y un incipiente, pero progresivo, culto a la personalidad. No es habitual ver a un presidente autodefinirse como “dictador”. Las dictaduras son sinónimo de opresión y muerte, mucho más en América Latina, región azotada durante el siglo XX por brutales tiranías.
El autoproclamado dictador acaba de reiterar su desprecio por la democracia y los derechos humanos al inaugurar hace unos días con bombo y platillo la cárcel más grande del continente, el Centro de Confinamiento del Terrorismo, situado a 74 kilómetros en San Salvador y diseñada para albergar a 40 mil presos. Para “celebrar” el evento Bukele promovió un video donde se mostraba miles de presos siendo trasladados en condiciones deleznables, prácticamente desnudos, con los cráneos afeitados, sin zapatos y encadenados. Con todo, el nuevo megapresidio no se dará abasto para dar cabida a una población carcelaria creciente. A mediados de 2021 había en este país 40 mil reclusos, hoy la cifra supera los 95 mil, casi el 2 por ciento de la población adulta, la tasa per cápita más alta del planeta.
El agresivo desmantelamiento de las “maras” es sumamente popular. Entre el 80 y 90 por ciento de los salvadoreños lo apoya. Se han reducido drásticamente los homicidios y las extorsiones. En 2015, la tasa de homicidios rondó los 103 por cada 100 mil. En 2022 bajó a 7.8 y este año va en 2.1. Pero está ligada a la suspensión de garantías constitucionales como la libertad de reunión, la presunción de inocencia, el derecho a la privacidad de las comunicaciones, el derecho a ser informado del motivo de detención y de la obligación de presentar a un detenido ante un juez máximo 72 horas después del arresto. Niños son recluidos a causa de la reducción de edad de imputabilidad penal (¡de 16 a 12 años!).
Con su colosal cárcel, Bukele da un golpe propagandístico y manda con éxito un mensaje autoritario: todo se resuelve con “mano dura” y con políticas de seguridad punitivas y radicales. Pero el costo es tener a miles de salvadoreños encarcelados, sin acceso al debido proceso y con la perspectiva de ser juzgados por un gobierno en clara deriva autoritaria e indiferente de los derechos humanos. Este modelo podrá parecer muy eficaz, pero es insostenible si no lo acompañan medidas sociales diseñadas para remediar las causas profundas del crimen.