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Columnas
Dentro del torbellino generado por la ola migrante en los Estados Unidoscomenzó a germinar la semilla de “ciudades santuario”, un remanso de paz y tranquilidad en este convulso fenómeno social.
Al tratar de definir que son “estas ciudades” no hay una definición particular,sólo generalidades que refiere a una política que limita o define el grado en que un gobierno local o estatal compartirá información con los funcionarios de la ley federal de inmigración.
Su desarrollo ha llevado a que; estados, condados y ciudades de todo el país,han adoptado políticas para delimitar la cooperación con los agentes que tratan de deportar a las personas migrantes sin documentos.
Hasta antes de los enfrentamientos violentos en la ciudad de Los Ángeles, alrededor de una decena de estados y centenares de ciudades de Estados Unidos se consideran “santuario” para los migrantes sin documentos, lo que constituye una jurisdicción “santuario”.
El término suele referirse a los que limitan cuánto están dispuestos a cooperar con las agencias federales para deportar a las personas migrantes indocumentadas.
Los gobiernos locales empezaron a adoptar políticas de santuario en la década de 1980´s cuando las iglesias ofrecieron refugio a las personas que huían de la guerra civil en El Salvador. Esta práctica ha atraído cada vez más atención en la última década a medida que la migración se convertía en un tema más importante para los votantes.
Durante el primer mandato de Donald Trump, muchas localidades dirigidas por demócratas reforzaron su condición de santuarios. Pero en los últimos años, numerosas ciudades gobernadas por demócratas se han visto desbordadas por la llegada de personas migrantes, muchas de las cuales,fueron trasladadas allí desde la frontera sur por el gobierno de Greg Abbott en Texas. Ello ha alimentado las críticas a las políticas de santuario de las ciudades no sólo por parte de quienes se oponen a ellas desde hace tiempo sino también, de dirigentes que en algún momento apoyaron la idea.
Trump y sus aliados han prometido adoptar una línea dura en materia de migración y altos funcionarios han dejado claro que algunas de las ciudades que han adoptado políticas de santuario, serían objeto de medidas de aplicación de la ley.
A principios de este año el Departamento de Justicia emitió un memorándumen el que ordena a los fiscales del país, que investiguen y procesen a los agentes del orden estatales y locales que no cumplan las nuevas políticas migratorias del gobierno de Trump. El memorando plantea la posibilidad de enfrentamientos entre el gobierno federal y las ciudades santuario.
Las estimaciones más recientes hablan de 14 millones de migrantes sin documentos y, las políticas santuario, se han adoptado en lugares con una gran población migrante vulnerable a la deportación.
@ncar7